El enredo “amnistía por investidura”, que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE trasladó el pasado fin de semana a la cúpula del partido, solo tiene una ventaja. La de sembrar la discordia entre los servidores de la muy cuarteada causa del independentismo catalán, que ya no podrán hablar de Estado represor. En todo lo demás, es un precursor de toda clase de desgracias políticas y sociales.
¿Qué puede salir mal de una operación de partido no inspirada en los valores sino en los apremios, perpetra un fraude electoral, divide a la sociedad, ataca el principio de igualdad entre personas y territorios, deja al poder judicial a los pies de los caballos y presenta una frustrante asimetría entre la voluntad de olvidar de una parte y la voluntad de reincidir de la otra contra el orden constitucional?
Sin embargo, la decisión de otorgar la amnistía a los encausados del “proces” a cambio de garantizar la continuidad de Sánchez en la Moncloa se presentó ante el comité federal del PSOE como una medida de salud pública supeditada a la voluntad de los militantes ¿Se les va a consultar si están a favor o en contra de la amnistía? Nada de eso. La palabra no sale en la pregunta. Se les consultará si quieren o no quieren que Sánchez haga lo que pueda para conseguir los apoyos que le permitan volver a formar Gobierno.
O sea, se les pide apoyo para dejar manos libres al secretario general porque el contexto (es decir, la aritmética electoral del 23 de julio) “lo empujan al entendimiento con las fuerzas independentistas”, como editorializa el diario más cercano a las tesis de Sánchez, al que elogió por haber superado el reto de explicar de forma verosímil cómo conciliar la ambición de poder con una iniciativa de dudoso encaje constitucional y alto riesgo político. El recurso no es otro que la conciliación, la convivencia, la concordia entre catalanes y resto de españoles. O sea, razones de “utilidad pública”. Por el bien de todos.
El “interés general”, ay, es la versión teóricamente racional del “todo por la patria”, que sería el grito emocional con el que puede justificarse cualquier cosa. Pero desde que el doctor Johnson dijo aquello de que “la patria es la última trinchera de los canallas” las élites políticas llevaron a las constituciones escritas el mantra de los “intereses generales”, para que, llegado el caso, pudieran ser el burladero de líderes sin escrúpulos en la lucha por el poder.
Sin ir más lejos, oiga, ahí está el muy reciente grito de Patricia Bullrich (la tercera en discordia de las presidenciales elecciones argentinas) para justificar su inesperado apoyo al atrabiliario Javier Milei, el loco de la motosierra. “Si la patria peligra, todo está permitido”, ha dicho Bullrich en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones argentinas.
