El 6 de octubre será el aniversario de la gran manifestación que reunió a un millón de españoles en Barcelona. Este próximo 8 de octubre, ‘Societat Civil Catalana’ convoca a una movilización por la unidad y la libertad. Es una llamada a la ciudadanía para denunciar las maniobras golpistas de los secesionistas catalanes. En 2017, la sociedad española reaccionó unánime a las certeras palabras que el rey pronunció el 3 de octubre denunciando que “determinadas autoridades de Cataluña” habían “quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho” y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando ─desgraciadamente─ a dividirla”.
En el discurso, Felipe VI subrayó que era “responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional“. Transcurridos seis años de aquella expresión de libertad reprimida, es obligado preguntarse por las consecuencias. Es preciso, conocer los resultados conseguidos en el orden constitucional en Cataluña. En concreto, qué logros políticos y sociales se registran en la convivencia y en la observancia de las leyes. El análisis de la situación sería largo y en este caso, innecesario. Basta reparar en los recientes acontecimientos y múltiples comentarios de personajes públicos, incluidos señalados políticos socialistas que rechazan las maniobras de Sánchez a favor de una amnistía. Una medida de gracia que eximiría del delito de sedición a los condenados por el intento de golpe de Estado de 2017.
La política de concesiones sin freno del Gobierno de Sánchez ha producido una aparente tranquilidad en Cataluña. Pero se resiente la legalidad y la igualdad en muchos ámbitos. Tampoco se cumple la ley que obliga a una enseñanza en español de al menos el 25 por ciento. La paz social catalana es la que Sánchez ha comprado al precio de indultos y rebajas, por malversación, a golpistas condenados. Una paz tensa que se conserva mientras Sánchez mantenga su oferta al prófugo Puigdemont a cambio de los votos que necesita para su investidura.
Como afirmó el Presidente en funciones y repite la portavoz del Gobierno; oportunista publicista de su partido: “El método es el diálogo y el marco la Constitución”. A la negociación con el prófugo de Waterloo, lo llaman diálogo. Y el marco constitucional cruje ante la mencionada amnistía, que borraría el delito de insurrección de 2017. Es larga la lista de prestigiosos juristas que confirman la inconstitucionalidad de tal despropósito. Todo ello, a pesar de los partidarios y favorecidos por el poder del autócrata. Entre otros, algunos medios afines que no conciben una pacífica y legítima defensa preventiva (‘por si acaso’). ¿No, deberíamos estar prevenidos ante un tsunami, cuando se detectan todos los indicios de su amenaza?
Volviendo al discurso del rey de 2017. En los seis años transcurridos constatamos, por un lado, la irresponsabilidad de los legítimos poderes del Estado, la inacción y torpeza de partidos constitucionales y la alianza de hecho entre socialistas, nacionalistas catalanes y neocomunistas. Por otro lado, existe en Cataluña y en el resto de España, una sociedad que sufre los efectos nocivos de una política económica desnortada, con un paro juvenil insufrible. Un pueblo que padece impuestos implacables, normativas de ingeniería social e ideologías climáticas. Pero sobre todo, se perciben ocultos manejos, que llaman diálogo, que dividen y enfrentan a los españoles. Coartan su libertad y pretenderían mediante un falso referéndum cercenar el territorio nacional que todos compartimos.
En conclusión, siguen vigentes las palabras de Felipe VI: “Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos”. A lo que cabe añadir: ante todo, sabemos que la Constitución nos asegura que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna” (Art. 14). Por su parte, el discurso del rey concluye: “Nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad”. Un deseo que la grave situación nos impulsa a expresar con fuerza y convicción democrática en plazas y calles de la geografía española.
