La última rebaja de pena -un año- a uno de los condenados por participar en la violación grupal del caso conocido como la “Manada” eleva a 1.155 el número de presos condenados por delitos sexuales que se han visto favorecidos por la revisión de condenas tras la entrada en vigor de la ley impulsada en su día por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
En paralelo, la aplicación de dicha ley ha permitido la excarcelación de otro centenar largo de delincuentes. Son datos de un informe facilitado por el Consejo General del Poder Judicial. Ante el escarnio que supone para las víctimas que sus agresores estén ya en la calle o hayan visto rebajadas sus condenas cabía esperar algún tipo de reacción por parte de quienes se proclaman defensoras de la mujer y de la causa feminista. Causa de la que han hecho bandera.
Me refiero a las señora Montero y al grupo de colaboradoras suyas atrincheradas en el Ministerio de Igualdad en el que se perpetró la malhadada ley del “solo sí es sí” que en su día proclamaron como la panacea que iba a reducir el número de agresiones. Nada hemos escuchado decir a la señora Montero que aunque solo fuera por decoro hace tiempo que debería haber asumido su responsabilidad política, presentado la dimisión y pedido disculpas. Su silencio al respecto de las rebajas de penas y excarcelaciones la retrata. A ella y a la vicepresidenta Yolanda Díaz que apoyó la ley llegando a votar en contra de la reforma que posteriormente salió adelante gracias a la rectificación del PSOE y al apoyo parlamentario del Partido Popular.
Ni una palabra. Ni un gesto de empatía con las víctimas. Es una actitud que las retrata y que pone de manifiesto la impostura de su discurso. No les importan ni las víctimas ni sus familiares. Que esquiven a los periodistas cuando intentan obtener una declaración sobre estos hechos demuestra el escaso compromiso con la democracia, sistema en el que los responsables de la cosa pública están al servicio de los ciudadanos y no se comportan como si estuvieran por encima de la gente. Es una actitud desaprensiva que revela una concepción autoritaria del poder. Si pensamos en que Irene Montero llegó a donde ha llegado de la mano del movimiento Podemos, que predicaba la regeneración de la vida política, todo se resuelve en una gran impostura. Aunque esté en funciones, todavía estaría a tiempo de dimitir. Sería un último gesto de dignidad.
