Sin necesidad de levantar la voz, el presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, estuvo tronante en su discurso de apertura del año judicial, en presencia del Rey. Con dos apremiantes peticiones a las fuerzas políticas colonizadoras de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Una, respeto a la independencia del poder Judicial, el más vulnerable porque “su única fuerza es la razón”. Y dos, relegar los objetivos de partido cuando está en juego el sano funcionamiento del Estado e incluso su supervivencia.
Castán mencionó el famoso libro de Steven Levitsky (‘Cómo mueren las democracias’) para alertar sobre los peligros que la falta de colaboración de los tres poderes se cierne sobre el “andamiaje del Estado”. A veces se llega al enfrentamiento entre los mismos. Y el desajuste solo puede acarrear un lento y progresivo deterioro de las instituciones. Es justamente lo que está ocurriendo cuando, por necesidades de partido, resumidas en la conquista o la conservación del poder, se crea en los ámbitos políticos y mediáticos la falsa dicotomía argumental entre ‘legitimidad democrática’ y ‘legalidad constitucional’ como si fueran categorías reñidas entre sí.
Tan aberrante dicotomía (el independentismo catalán se reconoce en la supremacía de la “democracia” sobre la “ley”) está presente en los planes concertados entre el Gobierno en funciones (PSOE-Sumar) y los nacionalismos periféricos para que una parte contratante siga en el poder y la otra reactive sus objetivos secesionistas.
A esos planes responde la pedagogía institucional de Marín Castán. Él mismo es un ejemplo de lo que denunció, pues personaliza el estado ‘desolador’ del alto tribunal por la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, en la renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), que lleva cinco años funcionando con “respiración asistida” (solo en el TS, 23 vacantes imposibles de cubrir). O sea, que llueve sobre mojado, pues lo último en poner los intereses de partido por encima de los del Estado es que, como exigencia previa de un prófugo de la Justicia para colmar la ambición de Sánchez, el Congreso tramite una amnistía para los dirigentes independentistas de Cataluña que cometieron delitos de sedición (la figura penal entonces estaba vigente), prevaricación y desobediencia, básicamente, en su intentona de octubre de 2017 de crear unilateralmente un Estado propio.
Cuando el presidente del TS dice que frente a emociones y tribalismos es hora de dirigentes con visión de Estado y realmente comprometidos con la Democracia, está diciendo que los echa de menos en el hoy por hoy de la política nacional. Tiene razón. Pero mucho me temo que va a tener poco recorrido la lección de pedagogía que impartió el jueves en la apertura del año judicial. Por las mismas razones que la hicieron necesaria.
