La imagen de la vida social española está decantando durante las últimas décadas que las relaciones entre la Iglesia y el Estado y la Iglesia y los políticos es uno de los problemas más vivos e importantes de los que en España se están viviendo, aunque se hable poco de ello. A esto se une el que la realidad interna de la misma Iglesia vive simultáneamente en continua tensión.
En cuanto a lo primero, la relación Iglesia y los políticos, han sido muchos los signos que justifican nuestra afirmación: asuntos como el aborto y el derecho a la vida, la enseñanza de religión, sustentación del clero, diferente criterio de ayuda religiosa a los católicos y a otras religiones, atención al patrimonio artístico, la moralidad pública, etc.
En cuanto a lo segundo, la realidad interna de la Iglesia, lo muestra la aparición de diversos movimientos religiosos de uno y otro signo (Somos Iglesia, Comunión y Liberación, Opus Dei, neocatecumenales, etc), la dificultad de poner en conexión las “mutuas relaciones” entre religiosos y jerarquía, la disminución del nivel intelectual del clero español, la falta de responsabilidad y de presencia política de los cristianos en la sociedad, etc..
las fuerzas políticas se mueven con mucha inseguridad y asombro en el comportamiento con la Iglesia
¿Cuál es la situación actual de las relaciones Iglesia y Estado? ¿Se puede decir que hay carencia de conflictos o que esta relación no ofrece interés público? ¿Existe indiferencia en la opinión pública por la Iglesia y sus asuntos? o ¿no existen conflictos? ¿se suelen inmiscuir los políticos en el interior de la Iglesia al estilo franquista? Es claro que existen y cuando aparecen conflictos se hace con virulencia y con presión anti-eclesial. Esto nos lleva a la conclusión de afirmar que la situación es compleja.
1º. En Europa, la mayor parte de los países regulan esta relación a través de normas constitucionales y concordatos pacíficamente aceptados por ambas partes. Italia renovó los acuerdos en 1994, Polonia en 1993 y Alemania hace una década.
En España sigue pendiente el desarrollo pleno de los acuerdos de 1979 en varios puntos remitidos a las comisiones mixtas (Santa Sede – Gobierno; Conferencia Episcopal – Gobierno) y a la Administración: lo referente al patrimonio histórico artístico y la presencia de la Iglesia en los MCS, el sistema de financiación de la Iglesia Católica, la cuestión de la personalidad jurídica de la Iglesia, la enseñanza de la Religión y Moral católica en la escuela, la cuestión de la moralidad pública. Se puede afirmar que hay conflicto en problemas graves como los señalados.
2º. La Iglesia aparece como conciencia crítica de la sociedad y de la comunidad política. Prueba de ello es el interés de algunos grupos políticos de que no sea así y de acallar a los mensajeros católicos. La Iglesia gozó de un gran prestigio en este sentido durante la transición. Se esperaba de ella un compromiso directo y activo con los movimientos de democratización política en lucha por el cambio de las estructuras, se esperaba que apostara decididamente por la liberación de los pobres y oprimidos.
Pero con esto las fuerzas políticas se mueven con mucha inseguridad y asombro en el comportamiento con la Iglesia. Además de no ver con nitidez la distinción de la acción de la jerarquía y la de los seglares tal como había previsto el Concilio tampoco captan el alcance histórico de lo que la Iglesia denomina el campo de competencia en los asuntos temporales: “poder, siempre y en todo lugar, predicar la fe con verdadera libertad, enseñar su doctrina social, ejercer sin impedimentos su tarea e incluso emitir un juicio moral también sobre las cosas que afectan al orden público”(GS 76).Aunque bien es verdad que hay una positiva aceptación de la labor social de la Iglesia, en concreto a través de caritas.
Como resultado podemos decir que aún existe una fractura en las relaciones entre el sistema político y la colectividad –políticamente plural- de los creyentes. Por esta razón y debido en gran parte a la ideologización de los mensajes y de sus medios de comunicación, las relaciones Iglesia-Estado ofrecen un panorama confuso, cuya normalización quedará diferida a la previsible actualización que experimentará la Iglesia cuando el debate interno impulse su adaptación a una democracia normalizada y auténticamente laica y no laicista.
