El Banco de España publicó el viernes los datos relativos a la deuda pública de España que asciende ya a 1,569 billones de euros en el segundo trimestre del año, lo que supone un 111,2% del PIB. Cierto que la ratio ha bajado en términos relativos, pero sigue marcando récord si lo miramos en términos absolutos. La explicación es muy sencilla. El PIB ha ido subiendo sobre todo tras la últimas revisiones que el INE realizó hace unos días. Sin embargo, no puede olvidarse que apenas en los años en que Sánchez es presidente del Gobierno, incluso estando en funciones, la deuda ha aumentado en 400.000 millones de euros. Se ha gastado el dinero a espuertas y no siempre en partidas que han contribuido a generar una real transformación de la economía productiva. Más bien al contrario, se ha dedicado a subidas de sueldos y pensiones públicas y ayudas generalizadas que no han llegado realmente a las personas más necesitas y que sí ha aumentado la recaudación y ha presionado la inflación.
Ahora y ante la persistencia de unos precios disparados y a pesar de la subida brutal de los tipos de interés, tanto el BCE como Bruselas urgen a terminar con las ayudas generalizadas y a poner ya en marcha planes de reducción del déficit e ir, por tanto, a una fiscalidad restrictiva. No puede ser que el organismo bancario europeo suba el precio del dinero para frenar la espiral inflacionista y los gobiernos con sus políticas laxas echen por tierra su trabajo y no sólo la inflación no baje drásticamente, sino que la economía se contraiga. Ya sabíamos que el momento era difícil. Había que elegir inflación o estancamiento. Pero, también que de nada serviría ese esfuerzo si los gobiernos seguían presionando con su gasto desmedido.
Veremos qué pasa en España con las medidas anticrisis. El momento político es especialmente delicado. Sánchez se tendrá que someter a mediados de este mes a un debate de investidura. Si lo logra podrá formar gobierno y entonces mantener, limitar o suprimir el “escudo” anticrisis debería ser sus primeras decisiones. La ralentización del crecimiento económico es una realidad y desde Bruselas, ya para el cierre de este año, el aviso sobre reducción del déficit parece que va en serio. En todo caso, las reglas fiscales volverán en 2024 y ahí sí la recomendación o aviso será exigencia sobre todo para países como Italia, Grecia, España y hasta la propia Francia que han desbordado su volumen de deuda poniendo en riesgo los planes del BCE y hasta el euro.
