Es indudable que el desarrollo de las elecciones generales del pasado 23 de Julio han despertado no sólo un profundo sobresalto en la ciudadanía sino una doble y adversa reacción política, imprevisible en ambos casos: una corriente de dulce frustración en el PP que a pesar de haberlas ganado, la libre voluntad popular por mayoría expresada en las urnas con 136 escaños (luego 137) no alcanzó ni mucho menos los 176 que suponían la absoluta que esperaba jubilosamente dando por segura a la vista de los pronósticos y ante un candidato socialista que creían amortizado pero que ha resurgido de sus cenizas como el Ave Fénix. Y, al otro lado, un risueño paisaje en el PSOE que con sus 122 escaños (luego 121) alumbraban una remontada inesperada que ni siquiera podían imaginar. En ambos casos, frente a frente, desnudos de coaliciones y pactos –posteriores- que puedan desvirtuar la intención de los votantes españoles y conculcar gravemente –en cierto modo- lo que se expresó en las urnas ese día. Otra cosa será el nuevo arco que puedan diseñar compañeros de cama que puedan sobresaltar el sueño de los candidatos y despertar el asombro de los ejercientes de un sufragio limpio, transparente y democrático, a quienes parecería un sueño el vuelco.
En este sentido cabe constatar que al margen de esa voluntad popular y en el tránsito de otros caminos el PP sólo contaría –en el mejor de los casos- con VOX además de Coalición Canaria, con los que tampoco lograría sumar la cifra mágica de los 176 escaños. Hablamos de un bloque esencialmente constitucional. Sin olvidar al PNV que en una supuesta reflexión del alcance de su voto podría inclinarse o por éste o hacia el “bloque progresista” de constatada inclinación antisistema y rupturista de difícil gobernabilidad. Mientras, el PSOE podría contar, casi seguro, con SUMAR (cuyo fondo lo conforman Podemos, IU, En Común, Mas Madrid, Compromís, CHA, Mes, Drago, LV-Equo, Mas País, Chunta Aragonesista), ERC, HBildu, BNG . De corte básicamente separatista y al que se añadiría Junt, del prófugo Puigdemont reclamado por la Justicia Española por sus tropelías. Su decidida voluntad separatista y de ruptura constitucional llevaría en volandas al PSOE hacia la reedición del gobierno frankenstein que tanto ha dado que hablar y asombrar al personal en la legislatura que agoniza.
Y éste será el panorama que contemplará el Rey tras la ronda de conversaciones que institucionalmente tiene que desarrollar con cada uno de los representantes de los partidos concurrentes, que, en puridad, deberían aparecer despojados de consensos, acuerdos, pactos, adhesiones, compromisos, concesiones, etc. es decir tal y como salieron los escrutinios de las urnas sin aditamentos que fortalezcan el músculo político. Añadidos que tendrían que venir en todo caso después de la consulta en Zarzuela. No antes. Tampoco es seguro que todos ellos acudan a la cita con el monarca desde el punto de vista opositor de algunos al régimen constitucional, democrático e incluso a la propia corona.
Es decir, el Rey contemplaría un arco político ciertamente heterogéneo y difícil de digerir: por un lado un partido constitucional centrado en la paz, el rigor político y la unidad y estabilidad de España que ha obtenido la mayoría en la consulta del 23J y que llevaría como arras a la sesión de investidura nada menos que una abrumadora mayoría derivada de las municipales y autonómicas de mayo además de la mayoría absoluta en el Senado tras el 20J, añadiendo un porcentaje sobresaliente en la Cámara Baja; y otro de corte rupturista e incluso con agentes antieuropeístas con el protagonismo de Puigdemont exigiendo una forzada amnistía de sus penas y la declaración más firme de la independencia catalana, cuya pertinaz postura le llevó clandestinamente al exilio. Todo ello, evidentemente, ante la atenta mirada de Europa en la que ahora Sánchez como primer ministro español preside el Consejo de la Institución europea que, por cierto, acaba de denunciar que un informe del Centro Europeo de Excelencia constata (según publicaba ABC) ciertos vínculos entre la inteligencia rusa y los actores políticos del “procés” catalán para la independencia y la desestabilización de nuestro país, lo que viene a ser de una extrema gravedad diplomática en este momento.
A la vista de todo ello y tras pulsar el músculo político de cada uno, el Rey tendrá que decidir cuál es la mejor y más sana solución para la gobernabilidad de España y, en consecuencia, en virtud de su prerrogativa constitucional encargar a uno de los dos candidatos (si es que no se postula ninguno más) para la formación de Gobierno. En cualquier caso si ni Feijóo ni Sánchez facilitaran la investidura del otro tendrá que ser el Rey quien desbloquee la situación hacia un punto que más convenga para la presidencia del Gobierno de España. Sin descartar la convocatoria de nuevas elecciones para principios del próximo año, si se ningunease la opción que ha manifestado claramente la población, que induce –por sus mitades tan definidas- hacia un posible Gobierno de concentración o algo así.
Las Cámaras deberán estar constituidas el 17 de Agosto y elegida la presidencia y las Mesas.
En cualquier caso viene a ser una situación de gran complejidad a la que Felipe VI se enfrentará ante ese panorama.
