El Gobierno ha salido en tromba contra la decisión de una empresa privada de cambiar su sede social. Ferrovial, una multinacional con el 90% de su negocio fuera de España, se va a Países Bajos y al Gobierno le ha dado un ataque de cuernos. Durante los últimos días hemos escuchado que su presidente, Rafael del Pino, no es un patriota sino un codicioso que no quiere pagar impuestos en su país, a pesar de haber recibido ayudas públicas, que debería devolver. Por si fuera poco, el propio presidente manifestó desde Finlandia que investigarán si Ferrovial cumple la legalidad al tomar esta decisión.
Los argumentos no sólo son pueriles y defectuosos (todo el mundo sabe que Países Bajos es un país de la Unión Europea y no un paraíso fiscal) sino que han dejado al descubierto que a los miembros del Gobierno no les enseñaron de niños que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Desde hace meses, Sánchez y sus ministros han venido descargando su ira contra los empresarios. Se les ha llamado de todo y por su orden, con nombres y apellidos. Incluso el propio presidente llegó a asegurar que el deseo de que se vaya era cosa de “los cenáculos de Madrid y los señores del puro” en clara referencia a los grandes empresarios de este país.
Al margen de los ataques personales, el Gobierno ha complicado la vida de las empresas y los trabajadores. Ha subido más de 50 veces los impuestos, las cotizaciones sociales, ha creado nuevos tributos ad-hoc y ha puesto en pie de guerra a sectores enteros. La inseguridad jurídica campa a sus anchas y es muy complicado hacer negocios en España y atraer talento. Puede el Gobierno indagar, cómo ya están haciendo, en las cuentas de Ferrovial, en los contratos que haya podido ganar, en si recibió ayudas para su internacionalización, si sus trabajadores estuvieron en ERTE durante la pandemia. Puede enrocarse en ello, hacer el papelón o como la mitad de los ciudadanos, según una encuesta publicada en ‘La Información’, entender los argumentos de la empresa, creer en la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea y sobre todo dejar de hacer el ridículo internacionalmente y tomar nota del por qué se va esta empresa para evitar que lo hagan otras. Seguramente, creen que insultar a los empresarios les da rédito electoral. Pronto lo veremos.
