Hace tres décadas, el analista norteamericano David Osborne, sugería la necesidad de reinventar los gobiernos, reduciendo y haciendo más eficiente la burocracia, con menos gasto, pero sin que disminuya la calidad de los servicios, creando sistemas y organizaciones más flexibles, creativos y emprendedores. Un cambio en el ADN de los organismos públicos y de los mismos gobiernos, un sistema que se renueve a sí mismo permanentemente buscando la calidad, la innovación y la eficiencia. Evidentemente, en España hemos ido por otro camino y la tendencia actual es a aumentar sin límite el gasto público, pero sin control efectivo de su inversión, de los costes y de su rendimiento, con una avalancha de leyes que pretenden regular y constreñir todo. Osborne sugería algo de lo que la izquierda española -y cuanto más a la izquierda, más- abominaría: el Gobierno debe ser comunitario y capacitar más que servir; debe ser emprendedor y competitivo; debe estar inspirado en la consecución de objetivos más que en el seguimiento de normas; debe atender las necesidades de los ciudadanos y no las de la burocracia; debe priorizar la prevención frente a la curación; debe descentralizar su actividad y debe orientarse hacia el mercado y conseguir el cambio por la influencia del mercado. Es cierto que las últimas crisis han impelido a los gobiernos nacionales y europeo a poner en marcha políticas solidarias, acertadas, para que nadie quedara atrás y también lo es que han aumentado las diferencias entre los más ricos -muy pocos- y los más pobres -cada vez más-. Pero eso ha hecho que algunos Gobiernos aprovechen la ocasión para reducir las libertades, para incrementar los controles jurídicos sobre todo y sobre todos y para buscar el rédito personal o de partido en lugar de gobernar para todos los ciudadanos. Y, además, esas ayudas hay que pagarlas tarde o temprano.
Por eso, la necesaria reinvención del Gobierno debería pasar, sin duda, por aspectos como la efectiva separación de poderes, que es la garantía principal de un Estado de Derecho, por la constatación efectiva de que el poder judicial puede controlar a los poderes públicos, por una fiscalía independiente del Gobierno de turno y no sometida a sus “mensajes” y por una Administración eficiente. En nada de esto hemos avanzado ni hay un proyecto “de país” o de Estado. Tampoco en asuntos clave como la educación, devaluada permanentemente, sometida a leyes no debatidas con los profesionales ni consensuadas con la oposición y aplicadas sin la adecuada preparación y sin los medios necesarios. La vuelta al cole este año va a ser un pequeño caos por la falta de tiempo para implantar otra reforma más, por el retraso de muchas autonomías en aprobar sus reglamentos o por la dificultad de los editores para acomodar los libros de texto a la nueva ley. Es significativo que la actual ministra y portavoz del PSOE, diga, con una enorme visión de futuro, que “no es bueno que caiga la natalidad pero puede servir para bajar las ratios en las escuelas”. El Ministerio ha aprobado un fondo de 200 millones para adaptar los centros educativos a la subida de temperaturas -que,seguramente, los colegios podrán aplicar dentro de varios meses- pero excluye de estas ayudas a los centros concertados porque en éstos no debe hacer ni calor ni frío. “Cero grados, ni frío ni calor” que diría el exministro Morán.
Es intolerable que con el otoño caliente que viene, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición sigan sin sentarse a hablar sobre los temas de Estado -no solo el Poder Judicial- sigan sin negociar nada y sigan sin llegar a acuerdos de Estado. No es de recibo que, en esta situación, siga imperando el clientelismo político, el populismo y el deterioro de la seguridad jurídica -sentencias que no se cumplen, indultos por razones partidistas- y no se aborden los problemas de fondo que afectan a los ciudadanos. Hoy es difícil saber si el poder está en el Gobierno, en su socio o en las minorías que lo sostienen. Por eso es urgente e imprescindible reinventar la gobernanza del país.
