El Boletín Oficial de las Cortes publicó el 7 de julio el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, incorporando las enmiendas admitidas en la tramitación, entre ellas, la que ha pasado a ser la disposición adicional decimosexta, por la que Bildu ha conseguido extender hasta el 31 de diciembre de 1983 la investigación sobre supuestos de vulneración de los derechos humanos de los que lucharon por la democracia. Desde luego, resulta sorprendente y surrealista que quienes la han propuesto graviten en torno al agujero negro de la ETA, organización que se consideraba con capacidad para juzgar la conducta de los ciudadanos que no bailaban a su son, sin atenerse a legitimidad ni a procedimiento jurídico alguno, valiéndose del secuestro y de la tortura y proclamando sin complejos el valor de la pena de muerte. Pero, con ser esto llamativo y escandaloso, resulta irrelevante si lo comparamos con la importancia del conjunto del texto legal y, lamentablemente, con la estrechez moral del criterio que le guía. En contra de lo que sugiere su nombre, esta ley solo mirará hacia un lado. Que esto es así queda patente en los tres primeros apartados de la exposición de motivos del Proyecto, dejando sin sentido el propósito conciliador al que dice querer servir.
Desde luego que hay que condenar el golpe militar de Franco y el régimen dictatorial que impuso tras su victoria en la guerra civil y reivindicar la memoria de las víctimas que produjo toda esa dramática etapa de nuestra historia y que también hay que compensarlas en la medida de lo posible. Pero una ley que se proclama de memoria democrática no puede cercenar esa memoria. Antes de la guerra y durante la guerra no hubo sólo víctimas de un lado. La II República se vio zarandeada por diversos intentos de reventarla y por insurrecciones para desvirtuarla y no todos ellos provenían del lado de la derecha. Ardieron conventos ya en 1931 y, haya habido o no premeditada persecución religiosa, murieron 6832 clérigos en 1936. ¿Por qué la memoria democrática no debe recoger esos hechos y honrar a esas víctimas? Se dice en la exposición de motivos que ya fueron honradas por el franquismo. Pero, ¿no debería la democracia actual lamentar también y expresamente la muerte o tortura de los que cayeron del otro lado?
Intelectualmente, tampoco la República se identificaba con la izquierda de la manera que ahora nos quieren hacer creer, como si todo lo bueno hubiera sido cosa de socialistas, comunistas y anarquistas. Ortega, creador de la Agrupación al Servicio de la República, antes de exiliarse, tuvo que soportar la presión en su propio domicilio de militantes comunistas armados. Para Marañón, una gran parte del profesorado universitario español había tenido que huir de España por miedo a “los rojos”. ¿Son los herederos de aquel Partido Comunista de los años 30, totalitario y agresivo, que sólo consiguió 17 escaños de diputado en las elecciones de 1936, los más adecuados para que se les llene la boca con las palabras república y democracia?
Creo que esa ley que se avecina podría ser conciliadora de dos maneras que diferirían de la actual tendencia a interpretar las cosas. La primera, rebajando las pretensiones generalizadoras del título, que tendría que ser cambiado por otro como, por ejemplo, ley para la reparación a las víctimas de la represión franquista durante la guerra y la dictadura. La segunda, manteniendo el actual título y la mayor parte del articulado, pero recordando y homenajeando en la exposición de motivos a los muertos y represaliados por efecto del fanatismo totalitario de organizaciones y grupos de la izquierda radical y de la extrema derecha surgidas y activas con anterioridad al régimen de Franco. Incluso, se podría introducir un artículo que considerase la reparación del honor y de otros daños de posibles víctimas que, habiendo sido abatidas del lado o en el lado nacional, no se crean adecuadamente adscritas, tratadas o indemnizadas. De ninguna manera parece necesario incluir en este posible texto legal la memoria de las víctimas del terrorismo, como sugieren desde la derecha, que deben ser atendidas en un cauce legislativo bien diferenciado.
Las leyes propuestas en los parlamentos de las comunidades autónomas participan, en mayor o menor medida, de esta orientación que critico. No obstante, el Instituto Gogora, creado por el Parlamento Vasco para el impulso de la memoria, la convivencia y los derechos humanos, puede ser una interesante guía a seguir. Sus documentos recogen los muertos de uno y otro lado e incluye la categoría de las ejecuciones extrajudiciales, muy importante para captar algo mejor lo que realmente ocurría en aquellos aciagos días.
