La vicepresidenta para la Transición Ecológica ha valorado positivamente la petición del canciller alemán para que se construya el gasoducto que permitiría llevar gas desde España y Portugal hacia el centro de Europa. La pesadilla de que Putin corte el grifo del gas y provoque una recesión en todo el continente ha puesto en guardia a los países más dependientes de Rusia, especialmente a Alemania. Teresa Ribera, en un alarde de optimismo y de incoherencia con su discurso de hace apenas unos meses, incluso ha fijado un plazo de 9 meses para que el gasoducto pudiera estar operativo.
Hay que recordar que la vicepresidenta en enero de 2019 en la comisión correspondiente del Congreso y a preguntas de una diputada de Podemos, calificó el Midcat de proyecto ruinoso, sin sentido y un error desde el punto de vista coste-beneficio. Más recientemente, el 21 de febrero de 2022, hizo unas declaraciones en las que aseguró que el gasoducto no era una opción para resolver la crisis. Parece que la petición de Scholz ha “convertido” a Ribera, aunque habrá que ver la viabilidad de un proyecto para el que ya han caducado determinadas exigencias administrativas y que debe pasar por numerosos trámites que dependen de ayuntamientos de Cataluña que podrían no poner las cosas precisamente fáciles.
En todo caso, y pase lo que pase con el Midcat, en España tenemos un grave problema y no sólo porque haya aumentado nuestra dependencia del gas ruso a más del doble de lo que era hace apenas unos meses o porque incomprensiblemente hayamos soliviantado a Argelia, sino porque el Gobierno también ha impregnado de ideología el mercado energético. Cuando prácticamente toda Europa se está replanteando la energía nuclear alargando la vida útil de las centrales ya existentes o construyendo nuevas, el gobierno español ha cerrado esa puerta. También la de explotar nuestros propios recursos naturales, cuando ya sabemos que tendríamos gas y petróleo para varias décadas. Ahora compramos gas a Estados Unidos que viene en metaneros y que hay que regasificar aumentando nuestra factura y nos dedicamos a exportar gas a Francia o Andorra con la consecuencia de aumento de los precios de la tarifa PVPC donde están las personas que disfrutan del bono social. Todo un despropósito.
Claro que Putin “juega” con el gas y por tanto todos tendremos que tomar medidas, pero con buena y completa información, mucha pedagogía, ejemplaridad por parte de las autoridades y hablando alto y claro con todos. Imponer por decreto una auténtica chapuza y sin contar con nadie no es la manera de concienciar a una población, trabajadores y empresarios, que por otro lado ya viene ahorrando por los altos precios. Ni siquiera han logrado convencer a los más cafeteros y sólo cabe esperar que las medidas que nos anuncian para septiembre se elaboren con más diálogo y más consenso, con memoria económica y sin invadir competencias ni derechos fundamentales.
