Frente a la acostumbrada bronca política, el sector de la hostelería acepta, incluso encantado, el nuevo decreto de ahorro energético que ayer entró en vigor. Su presidente lo resumió en dos palabras: «si esto nos ayuda a ahorrarnos unas perras, bienvenido sea».
El incremento del coste eléctrico y de la alimentación merma los beneficios de un sector al que el boom turístico de este verano iba a permitir resarcirse de las pérdidas de la pandemia. Así que bajar el aire acondicionado y apagar la luz con el local cerrado se convierte en un alivio.
Al ser una norma de obligado cumplimiento (de hecho algunos grandes almacenes de Madrid ya apagaron la iluminación nocturna el martes por la noche) no hay riesgo de que la competencia se lleve los clientes poniendo el termostato del aire en dieciocho grados.
Pero, al margen de la satisfacción o no de determinados sectores, lo importante es que la norma viene impuesta desde la Comisión Europea y no es caprichosa. Los problemas de suministro de gas por la invasión de Ucrania nos abocan a un invierno muy complicado. Y aún hay una razón de mayor peso: el cambio climático es una realidad cuyas consecuencias llevamos padeciendo desde junio y es imprescindible que tomemos conciencia, de forma individual y colectiva, de la urgencia de frenar el despilfarro energético y la contaminación que acarrea.
Es verdad que la norma se ha olvidado de mandar apagar los monumentos públicos y que solo los edificios de la administración están obligados a permanecer a oscuras cuando estén vacíos. Pero esto es solo el principio del recorte del siete por ciento. En otoño habrá que presentar resultados en Bruselas y pueden llegar más apagones.
Aún así, cuando la preocupación del verano es si el aire acondicionado está a veinticinco o a veintisiete grados o si faltan cubitos de hielo, tal vez deberíamos mirar con preocupación la alarmante temperatura del mar Mediterráneo y el riesgo que conlleva de inundaciones por la gota fría.
En cuanto a la bronca política ¿qué decir?… La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, punta de lanza del no por sistema, aplaza recurrir ante el Constitucional el decreto y tendrá que cumplirlo como el resto de las Autonomías. La vicepresidenta Rivera debería aprovechar las vacaciones para hacer un cursillo de habilidad negociadora, simpatía y mano izquierda.
Pedro Sánchez, en lugar de criticar a la oposición desde su descanso en Lanzarote, debería aprender, a estas alturas, que incluso los decretos conviene negociarlos cuando no se tiene mayoría y rozan competencias autonómicas. Pero es inútil. No lo harán.
El civismo, el compromiso, la apuesta contra el cambio climático, recaen sobre las espaldas de todos nosotros y no podemos fallar a hijos y nietos.
