El martes entrará en vigor el decreto de ahorro energético que la semana pasada aprobó el Gobierno. Una norma que ya ha sido cambiada “de facto” antes de entrar en vigor y que no va a dar más que problemas a los que lo tienen que cumplir bajo amenaza de duras sanciones. La forma en que se ha elaborado este decreto no es nueva. Este Gobierno en clara descomposición legisla así, sin hablar con nadie, despreocupado de los posibles daños colaterales de sus actuaciones, sin expertos que avalen sus aseveraciones, sin hacer pedagogía, sin dar ejemplo. Sus métodos son la imposición, la prohibición y las multas.
Cierto que toda Europa está comprometida con el ahorro de energía en previsión de que Putin corte de raíz el suministro de su gas. Y en ese previsible contexto, está bien que los gobiernos recomienden a sus ciudadanos y sus empresas que ahorren energía. Lo que no es de recibo es lo que acaba de hacer Sánchez con los españoles y la economía. En pleno agosto, en una España llena de turistas y con una economía débil e inflación galopante, poner trabas y obligar a realizar gastos extraordinarios es llevar al suicidio a miles de empresas, cuando aún ni siquiera se han recuperado de los estragos de la pandemia. El Gobierno no sólo han tenido que cambiar algunos criterios como el de temperaturas o no incluir, pese a haberlo anunciado en rueda de prensa, el apagón de los monumentos a las 22:00 horas sin fijar cuando se pueden volver a encender o incluir datos antiguos para justificar el decreto, es la inseguridad y el desasosiego que han creado en sectores que aún lo están pasando mal y que veían en agosto una ventana de oportunidad para revertir la situación. Lo que hemos visto en los datos del mercado de trabajo en julio es muy preocupante y el escenario, desgraciadamente, se puede repetir en agosto, pero empeorado.
No se puede legislar permanentemente a espaldas de los ciudadanos, sean trabajadores, autónomos o empresas y llenar los días de ocurrencias dañinas. Hay quien duda de la constitucionalidad de este decreto, de que el régimen sancionador tenga armazón legal. Veremos como acaba este mal chiste propagandístico y si no se corrige cuántas empresas y empleos acaba llevándose por delante.
