“La veteranía es un grado”, se afirma en ámbitos castrenses para significar, con cierto humor, que más vale un teniente experimentado que un capitán novato. Al Gobierno, que a veces parece más bien nuevo en ciertas cosas, la dura realidad, que es base fundamental de la veteranía, le ha supuesto dos grados, y perdón por el juego de palabras. Para enfriar unos estados de ánimo que se iban encrespando en amplias capas de la población, la ministra Ribera ha tenido que bajar dos grados su exigencia de temperatura mínima permitida, de 27 a 25, en hostelería y otras actividades. Y, además, se reunirá con las Comunidades Autónomas el próximo martes, horas antes de que entre en vigor el decreto de ahorro energético, criticado como ‘poco realista’ por los sectores de actividad más afectados.
Así, el Gobierno ha rectificado, aunque solo sea, en principio, en dos grados —de hecho, ahora se habla de temperaturas “en el entorno” de 25 grados—, ha flexibilizado sus posturas, intransigentes hasta hace dos días, y, lo más importante, va a hacer lo que, a mi juicio, debería haber hecho desde un principio: dialogar. La batalla subterránea de esta semana en torno al ‘decretazo’ ha sido mucho más feroz de lo que ha parecido a primera vista: hosteleros, comerciantes, industriales se han puesto en pie de guerra, sin que las vacaciones fuesen un atenuante, contra unas normas de obligado pero impracticable cumplimiento. Y si las cosas no han ido a más ha sido porque todo el mundo sabía que las multas impuestas por el incumplimiento de lo que no se puede cumplir ni serán efectivas ni serán pagadas; y, si no, recuerden aquel millón y pico de sanciones a gentes que se ‘saltaban’ el confinamiento decretado por el estado de alarma: ni una se ha pagado, que se sepa, por inconstitucionales y por imposibles.
Pienso que bajar “el entorno” de dos grados no va a bastar. Las quejas de los consejeros autonómicos, y hasta ciertas burlas, se pueden anticipar desde ahora. El martes no va a ser una jornada fácil para la ministra Ribera, que no se entiende muy bien cómo ha podido cometer, porque ella sí tiene ya veteranía, un dislate como el ‘decretazo’ del ‘apagón’. Claro que inicialmente tampoco algunas reacciones de la oposición han sido proporcionadas, porque lo último que puede sugerir una formación política —ni una dirigente autonómica— es que no piensa cumplir una ley, por muy incumplible, ya digo, que esta ley se presente. Ejercer la política no puede ser ni un acto de autoritarismo ni tampoco, desde la oposición, de chulesca rebeldía contra la autoridad.
Claro que nadie discute, a la vista de lo que está ocurriendo en todo el mundo, sobre todo en Europa, la necesidad de un plan de ahorro energético serio y contundente: lo están poniendo en marcha casi todos los países de la UE. Pero, aunque carezco de algunos datos en naciones concretas, creo poder decir que en casi ninguna parte se ha arbitrado este plan de la manera autoritaria y chapucera como aquí se ha tratado de imponer. Las características territoriales de España, donde las temperaturas pueden oscilar en más de diez grados, deberían haber aconsejado un plan menos tajante, permitiendo a las autonomías, incluso a los municipios, establecer sus propias pautas de ahorro. Y tampoco hubiese sobrado un intercambio de opiniones con representantes de la hostelería y el turismo, del comercio y de la industria; el eterno mal de la política española es el ‘ordeno y mando’, a veces, lo ha demostrado este absurdo ‘decretazo’, irracional.
Hay que felicitar, sí, al Gobierno porque, aunque tratando de que no lo parezca, ha comenzado a rectificar lo que ha sido un tremendo error. Esperemos, quizá vanamente, que el espíritu del diálogo se imponga en los días venideros, y que la metedura de pata sirva para insuflar un poco más de veteranía a quienes a veces se comportan no como oficiales ascendidos sin los méritos suficientes, sino como reclutas recién incorporados a la ‘mili’ del poder.
