Una treintena de antiguos dirigentes socialistas —entre ellos dos ex presidentes del Senado y algunos ex ministros—, han firmado una carta en la que le piden a Pedro Sánchez —secretario general del PSOE y presidente del Gobierno– que retire el proyecto de Ley de Memoria Democrática pactado con Bildu. Este partido es el heredero de Batasuna, la estructura política tutelada durante años por la organización terrorista ETA.
El proyecto de ley pactado pretende llevar el franquismo hasta el año 1983, cuando ya gobernaba el PSOE (con Felipe González había obtenido 202 diputados) y a sabiendas de que desde la muerte del dictador ya se habían celebrado tres elecciones generales. Los firmantes subrayan que Bildu es “la expresión actualizada de quienes en esa época utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación sin que hasta ahora ese grupo haya formulado una condena expresa de aquellos crímenes”. Según los firmantes ley tergiversa el sentido del pacto constitucional.
El propósito que anida tras esta ley lo dejó claro la diputada de Bildu Mertxe Aizpurúa al declarar que lo que pretendían era rebajar el “relato triunfalista de la Transición”. Dicho de otra manera, el objetivo de la ley no es otro que blanquear la actuación de la banda terrorista que durante aquellos años asesinó a más 300 personas. Con el pacto con Bildu Pedro Sánchez ha ido demasiado lejos.
A buen seguro que este asunto elevará la temperatura del Debate sobre el estado de la Nación en el que se podrá apreciar el grado de sumisión del Grupo Parlamentario Socialista a las derivas sanchistas a sabiendas de que les están empujando hacia una situación de rechazo de la que tuvieron un doloroso anticipo en las recientes elecciones celebradas en Andalucía. Pactar con quienes como dice la mencionada carta son la expresión actualizada de quienes utilizaban la violencia como método sistemático de actuación, es una ignominia. Sánchez vive al día a costa del futuro del PSOE.
