Vengo hablando en mis últimos artículos de la gravedad de la apropiación de información del móvil del presidente Sánchez, que el mismo Gobierno de España denunció el pasado 2 de mayo y elevó a la Audiencia Nacional.
La gran mayoría de analistas y comentaristas han ido por la línea de saber quién habrá sido, lo cual es importantísimo. Cuando se produce un robo o hurto es fundamental saber quién lo ha llevado a cabo, pero tanto o más lo es, saber que es lo que se ha sustraído. Así, no es lo mismo apropiarse de un cuadro de autor desconocido y de escaso valor, qué un cuadro de autor archiconocido y de importante valor económico. Como tampoco es lo mismo conocer quién puede haber robado en una empresa de material explosivo, cómo el qué se ha sustraído, por el posible uso que se pueda hacer de ello. Ocultar dicha información, ante el daño que se puede causar por no haber dado la información necesaria, es de una gravedad extraordinaria.
Es una obligación moral y legal saber el contenido de la información sustraída por todo lo que pueda afectar a España y a los españoles
En el caso del presidente Sánchez es por tanto de suma importancia conocer la información sustraída, pues dependiendo de la misma puede afectar a su comportamiento respecto a los intereses nacionales económicos, territoriales, de Defensa y/o de la Seguridad del Estado. En definitiva, es una obligación moral y legal saber el contenido de la información sustraída por todo lo que pueda afectar a España y a los españoles. Lo sustraído también pudiera afectar el presente y futuro de intereses de particulares y de compañías españolas, e incluso pudiera mediatizar el comportamiento, e incluso la toma de decisiones políticas del próximo Presidente del Gobierno de España. Por todo ello, el Gobierno o el propio presidente del Gobierno debería informar del contenido de la información robada, donde corresponda y a quién corresponda, por el posible perjuicio, daño o chantaje al que él mismo se pudiera ver sometido, o cualquier otro ciudadano español o empresa, y no digamos si pudiera influir y afectar a las futuras decisiones y responsabilidades del próximo Gobierno de España y de su presidente a la cabeza. Si la información sustraída fuera de extrema y relevante importancia para los intereses generales de España o de cualquier ciudadano español, y el presidente Sánchez no informara, podría llegar a ser encubridor o cómplice del daño causado a terceros y a la propia soberanía, seguridad y defensa del Reino de España.
