Nunca he compartido las acusaciones de ‘electoralismo’ como forma de descalificar a un gobernante. Si no fuese por las promesas —no siempre cumplidas, por cierto— legítimamente lanzadas por los candidatos a los ciudadanos en las campañas electorales, aún estaríamos varados en el derecho de pernada, o casi. Y ahora estamos entrando en una de esas larguísimas precampañas, de esas que en España, y no solo en España, son capaces de durar año y medio.
El Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, con las nuevas ‘medidas anticrisis’ que aprobará el Gobierno, es el pistoletazo de salida para esta nueva etapa para llegar sanos y salvos a las urnas en el otoño de 2023. Claro, el Ejecutivo trata de publicitar al máximo estas medidas que ‘gustan’ sin duda al elector. Pero, al tiempo, este sábado tendría que explicar otras cosas menos populares. ¿Lo hará?
Por supuesto que me congratulo de una bajada en el IVA del precio de la luz, o de las posible nuevas medidas para contener el vertiginoso ascenso del precio de la gasolina y de cualquier parche que pueda inventarse contra la inflación, aunque no sé si otras cosas que quizá se aprueben en las próximas horas, como ese cheque de trescientos euros a los que menos renta tienen, no serán tan ineficaces como, en su día, lo fueron las ‘ayudas’ arbitradas por Zapatero.
Lo que ocurre es que estas medidas, calculan los expertos, pueden llegar a suponer un ahorro de poco más de diez euros mensuales en los hogares españoles. Muy bien habrán de venderse desde el atril de La Moncloa para frenar el avance del deterioro que las encuestas evidencian respecto del Partido Socialista y sus ‘socios’ gubernamentales.
En mi opinión personal, estas decisiones del Consejo de Ministros, y otras antes muchas veces ensayadas por el equipo de Pedro Sánchez, habrían de acompañarse de gestos más espectaculares, como, por ejemplo, una reducción del gasto público en ministerios inoperantes y en asesores superfluos. Quizá ello sea una cantidad mínima cuantitativamente, el chocolate del loro, pero no, desde luego, desde el punto de vista cualitativo de la ejemplaridad.
Y luego está el hecho del pésimo asesoramiento que tiene hoy el Gobierno en lo referente a la comunicación. Este Consejo de Ministros sabático se produce en vísperas de que los ‘socios’ gubernamentales se lancen en manifestación callejera para protestar contra la ‘cumbre’ de la OTAN que Sánchez y lo que podríamos llamar ‘el sistema’ albergarán orgullosamente en Madrid la semana próxima.
Y, aún más grave a mi entender: quizá la ministra portavoz tenga también que explicar este sábado cosas como el intento socialista de reformar la ley (hace apenas un año ya reformada en sentido contrario) para posibilitar, tras haberlo imposibilitado, que el Consejo del Poder Judicial designe a dos vocales del Tribunal Constitucional, como prevé la Constitución. Así se abren constitucionalmente las puertas para que el Gobierno designe a otros dos, logrando una ‘mayoría progresista’ en la alta institución.
Dirán lo que quieran, en parte con razón, como que las instituciones, y menos las judiciales, no pueden estar eternamente en precario. Pero sospecho que esta ‘reforma de la reforma’ por la puerta de atrás traerá tan malas consecuencias como otros enfrentamientos gubernamentales con los jueces. Ya veremos si este paso, dado con apresuramiento y cierta nocturnidad —y alevosía indudable— no frena un acuerdo incipiente con el PP para renovar de una vez el Consejo del Poder Judicial.
Me resulta inexplicable que precisamente ahora, tras el varapalo andaluz y en plena debacle en las encuestas más solventes, el Ejecutivo se atreva a encarar un desafío que, sin duda, va a provocar movimientos en la parte ‘conservadora’ del TC, en el propio CGPJ y en el mundo togado en general. Y en una parte de la opinión pública, a la que sospecho que le resulta difícil entender estas maniobras orquestales en la oscuridad.
Una vez más, junto a los apreciables avances que hoy se anunciarán a bombo y platillo tras la reunión del Consejo, se percibe el poco disimulado intento gubernamental de hacerse con las parcelas de poder que queden vacantes. Eso incluye a la empresa estratégica Indra, al Instituto Nacional de Estadística y, claro, al máximo órgano decisorio en materia de interpretación y sentencia en los litigios en cuestiones que afectan a la Constitución, que, en el fondo, son casi todas. Y menos mal que hay organismos ‘rebeldes’, como el Banco de España, que están expresamente blindados de injerencias del Ejecutivo.
Lo dicho: ¿quién está asesorando a Sánchez ante tanta metedura de pata, recordemos la desastrosa gestión del ‘escándalo Pegasus’? ¿Cómo se explicará todo esto en el próximo debate sobre el estado de la nación? ¿No estamos llegando a un extremo en el que los propios ‘socios Frankenstein’ se muestren ya incapaces de apoyar a un Gobierno que piensa que diez euros al mes es un pago suficiente para convencer al elector medio de lo bien que se hace todo? Me parece que mucho ha de reflexionar Pedro Sánchez si quiere revertir una tendencia que ni diez euros, ni la foto con Biden, parecen ya capaces de refrenar.
