“Nadie quiere trabajar más de ocho horas”, ha dicho Ferrán Adrián, e, incluso eso es demasiado para muchos, entre ellos la ministra de Trabajo y muchos de sus compañeros de Gobierno. Las treinta y cinco horas o la jornada de cuatro días empiezan a estar en el debate, aunque nadie explique, en un país donde el problema es la productividad, cómo se puede hacer más trabajando menos y cobrando los mismos salarios o más elevados cada vez y con cargas sociales que son inasumibles para muchos empresarios y para casi todos los autónomos. Esta semana hemos conocido que las cifras del paro bajan, por primera vez desde 2008, de los tres millones de parados, una excelente noticia que, no obstante, hay que acoger con cierta cautela porque las modificaciones de los sistemas estadísticos y de algunas figuras laborales esconden alguna trampa. El gobernador del Banco de España ha alertado sobre la mala situación económica y la debilidad del mercado de trabajo y el Gobierno le ha saltado a la yugular acusándole de ser un ignorante en estas materias. Me temo que cuando todos los ministros de este Gobierno anden buscando trabajo, que muchos tendrán difícil encontrar fuera de la política, el gobernador mantendrá intacto su prestigio profesional dentro y fuera de España.
Por otra parte, el ministro Escrivá ha anunciado una reforma de la ley de extranjería que permitirá facilitar la entrada de miles de inmigrantes cualificados al mercado laboral con contratos desde sus países de origen y que también dará permisos de trabajo a muchos extranjeros que ya están en España, muchos con sus títulos universitarios sin convalidar, y a cerca de nueve mil menores extranjeros no acompañados que, por fin, tienen permiso para trabajar y ganarse la vida honradamente en lugar de estar en la calle sin otra salida que robar. Los sindicatos se han apresurado a calificar la medida de “clasista” y de estar pensada para favorecer intereses económicos. Pero ya sabemos dónde están, a qué se dedican y de qué viven hoy los sindicatos.
Necesitamos urgentemente profesionales preparados y no los tenemos. Tampoco los estamos formando porque los Ministerios educativos y el de Trabajo no tienen un plan conjunto de futuro para saber qué profesionales vamos a necesitar a diez, veinte o treinta años ni incentivan las prácticas en empresas, ni dialogan sobre este asunto con la patronal y con los autónomos, que son los que crean empleo. Tampoco hay un estudio serio de las necesidades actuales y a corto plazo. Y, por si fuera poco, los servicios públicos de empleo ni sirven para atender las demandas de los parados ni tienen capacidad para formar a profesionales en otras especialidades ni ofrecen incentivos para la búsqueda de empleo, especialmente entre los jóvenes. Es un déficit grave que venimos pagando desde hace décadas y al que nadie le mete mano.
Nunca ha habido en España un debate serio sobre el empleo/desempleo, porqué somos incapaces —los peores de Europa— de reducir el paro a cifras inferiores a un diez por ciento y a menos de un treinta por ciento en los más jóvenes, si son ciertas o en qué medida las cifras del paro, si se incentiva el desempleo porque es más rentable que trabajar, o cómo afrontar las nuevas necesidades no cubiertas en sectores de nueva demanda como el tecnológico o el informático, pero también en otros como la hostelería, donde siendo una potencia mundial no hemos sabido formar a los profesionales que necesitamos. No me parece mal traer a buenos profesionales de otros lugares, especialmente de Hispanoamérica, pero no entiendo cómo no se invierte en formar prioritariamente a los trabajadores españoles que no tienen empleo y que necesitan trabajar, dignificarse como personas, contribuir pagando sus impuestos y su conocimiento a mejorar el país y no vivir de subvenciones y ser considerados una carga inútil, a la que hay que mantener.
