España tiene un grave problema de acceso a la vivienda. Es un drama intergeneracional, pero afecta especialmente a los más jóvenes. Una sofisticada bomba que conecta materiales explosivos: trabajos precarios, sueldos bajos, precios disparados en el ladrillo y crédito hipotecario restringido. Y desactivarla convenientemente requerirá tiempo, porque cada uno de los problemas ha echado profundas raíces. La dificultad de acceso a la vivienda retrasa la emancipación e impide a las personas afectadas construir proyectos de vida a largo plazo. Y este es un problema individual que tiene consecuencias sociales y económicas para el país.
El Gobierno ha presentado ahora un proyecto de ley de Vivienda y un bono de ayuda al alquiler para los más jóvenes. Son iniciativas que pretenden contribuir a resolver un problema perfectamente identificado, algo que, por definición, es la obligación de los gobiernos. Además, la ley está en una fase embrionaria. Si hay que corregirla o reconducirla, para eso está el debate parlamentario. Pero la derecha parlamentaria ya se ha lanzado una preventiva enmienda a la totalidad enarbolando los sagrados derechos a la propiedad y a la libertad de mercado que, según su opinión, quedan atacados.
El PP, casi sin tiempo a leerla, ya ha anunciado que llevará la ley al Tribunal Constitucional, que está a punto de convertirse en una tercera cámara legislativa para quienes no tienen la mayoría suficiente para sacar leyes adelante ni la capacidad de diálogo como para acordarlas. Olvidan, como siempre, que “el derecho a una vivienda digna y adecuada” es tan sagrado como los otros dos. Y que la Constitución mandata a los poderes públicos “promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo”.
El tiempo dirá si estas medidas planteadas salen adelante y si serán eficaces. Pero tienen más sustancia que frases de brocha gorda como la que el líder del PP dejó el miércoles en una entrevista en Tele 5. Dijo que en España “si tienes un trabajo y una nómina puedes acceder a un alquiler”. Y muchos, jóvenes y no tan jóvenes, se están preguntando desde entonces en qué país vive Pablo Casado como hacer una generalización así.
