Mediada la legislatura es tiempo para trazar un primer balance de la actuación del Gobierno. La pregunta es sí los españoles vivimos mejor o peor que antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. La devastadora pandemia —más de cien mil muertos, una tragedia cuyo impacto sicológico en la sociedad el Ejecutivo trató de atenuar maquillando la cifra de decesos— fue una prueba fehaciente de que, hasta la llegada de las vacunas, había fallado la gestión.
En paralelo, el empeoramiento de la situación económica —quiebra de miles de empresas y pequeños negocios regentados por autónomos— desembocó en el aumento del número de desempleados, un incremento paliado en parte por la puesta en marcha del limbo de los ERTES —más de un millón—que provocada un efecto espejismo respecto del calado real del desempleo en nuestro país: 16,2%, el 40,8% entre los jóvenes de menos de veinticinco años. Desde la vacunación masiva y la disminución del número de contagiados se está empezando a reactivar la economía, pero seguimos siendo el país de la UE con la tasa más alta de paro: 14%. El anuncio de la llegada de los fondos europeos —70.000 millones— es la baza en la que confía Pedro Sánchez para remontar en los sondeos de intención de voto y popularidad.
Un actuación resentida como resultado de su arbitraria manera de gobernar —por poner un par de ejemplos: el nombramiento de la ex ministra de Justicia como Fiscal General del Estado o los indultos a los condenados por sedición— le ha llevado a un choque con la judicatura, garante en el Estado democrático del respeto a la separación de poderes.
En las elecciones de Madrid dónde el PSOE sufrió una gran derrota —quedó relegado a ser el tercer partido en la comunidad— recibió un aviso de lo que le puede deparar el futuro. Tomó nota y remodeló el Gabinete y ahora está a la espera de administrar sin mayor control los fondos que llegaran de Europa. Esa es el comodín o el as que se guarda en la manga para actuar durante los dos años que quedan de legislatura.
