La policía italiana ha puesto a Carles Puigdemont mirando a España. Por fin un país de la Unión Europea se toma en serio la “euroorden”. A saber si esta primera impresión se confirma con la puesta del prófugo a disposición de la Justicia española o si, como ya ocurriese en Bélgica y Alemania, acabamos enredados en paralizantes cuestiones técnicas que rehúyen el automatismo propio de un instrumento (orden de detención y entrega) basado en la confianza entre los países miembros.
Cuando los agentes del aeropuerto de Alguer pasaron el pasaporte de Puigdemont por el sistema informático PNR (Registro de Pasajeros), saltó el chivato. Y el expresidente de la Generalitat, reclamado por el Tribunal Supremo de España, pasó a dependencias policiales a la espera de que la Justicia italiana decida en un plazo de 60 días como máximo si lo entrega al o lo pone en libertad para que siga ejerciendo de virgen ofendida por el “represor” Estado español.
Es la reseña de lo ocurrido cuando el líder de Junts en la distancia se disponía a pasar el fin de semana en tierra sarda de estirpe catalana. Muchas dudas y pocas certezas sobre el desenlace porque, como ya hemos comprobado en lances precedentes (Bélgica, Alemania, Escocia) toda la arquitectura jurídica en torno a la llamada “euroorden” es interpretable, por mucho que los expertos insistan en su automatismo.
A la hora de escribir este comentario no sabemos aún si la retirada de la inmunidad de este eurodiputado, decidida por el propio Parlamento Europeo y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la UE (30 julio 2021), es suficiente o no es suficiente para que la corte de apelación de Sassari (Cerdeña) ponga al presunto delincuente a disposición de nuestro Tribunal Supremo.
Si los planos policiales y judiciales son resbaladizos (Bélgica, Alemania, Escocia, ahora Italia, no son unívocas en la aplicación de la “euroorden”), ni les cuento el grado de viscosidad que alcanzan si entramos en el plano político. Un verdadero enjambre sísmico que zarandea el tablero y pone patas arriba las hojas de ruta de los jugadores. El primer descolocado es el Gobierno, que fía su blindaje parlamentario a la complicidad de ERC, pero ¿y si en vísperas de la aprobación de los PGE 2022 se reactiva la carrera de sacos de ERC con Junts por ver quién es más patriota frente al nuevo agravio del Estado (detención reclamada por un juez español) en la persona del “molt honorable president”?
No es descartable que mientras el activismo independentista se cita frente al consulado italiano en Barcelona, los diputados republicanos antepongan la solidaridad tribal con Puigdemont a la supervivencia de Sánchez en la Moncloa. Atentos a la pantalla.
