La sombra de la entrada de tapadillo en España de Brahim Ghali, es alargada. El líder del Polisario, contagiado de Covid-19, fue tratado en un hospital de Logroño en el que fue registrado con una identidad falsa. La presencia en nuestro país de quien tenía dos causas abiertas en la Audiencia Nacional y, por otra parte, es considerado por Marruecos como su principal enemigo, desató una crisis política y diplomática sin precedentes entre Rabat y Madrid. La tensión alcanzó un punto máximo cuando las autoridades marroquíes facilitaron la entrada de varios centenares de jóvenes a través de la frontera con Ceuta.
Ahora el “caso Ghali” ha entrado en una nueva fase. Un proceso judicial. Un juez de Zaragoza tiene abierto un procedimiento para esclarecer las circunstancias de la entrada presuntamente ilegal del político saharaui. Tras imputar al diplomático Camilo Villarino, ex jefe de gabinete de la anterior ministra de AA.EE. ha llamado también a declarar a la propia González Laya, apeada ya del Gobierno que preside Pedro Sánchez. La lógica procesal sugiere que el magistrado irá tirando del hilo hasta llegar a la verdad material del asunto. En esa escala se apunta también la posible citación a la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Toda esa cadena de mando desemboca en la cúspide de la pirámide del Gobierno.
Y, de la misma manera que el jefe de gabinete de la entonces ministra de Exteriores la ha señalado como origen de la orden para facilitar la entrada “discreta” del líder del Polisario ,ahora la expectativa se centra en esperar para ver sí González Laya asume como propia la responsabilidad de la operación y actúa como fusible que cortocircuitaría la indagación del juez, o, por el contrario, señala también hacia arriba. González Laya no está aforada, como tampoco lo está ya Pablo Iglesias amigo declarado del Frente Polisario que fue vicepresidente del Gobierno en el momento de los hechos. Quien sigue aforado es Pedro Sánchez. La historia continúa.
