Las conversaciones con los agentes sociales para fijar cuánto y cuándo entrará en vigor una nueva subida del SMI parecen atascadas, aunque no lo están. Los empresarios se han descolgado y las vicepresidentas sacan las uñas para comprobar cuál manda más. A estas alturas, la discusión ya no es si se sube o no. La decisión ya está tomada a pesar de las múltiples declaraciones de Calviño sobre la idoneidad de aprobar esa subida este año. Ahora, la cuestión es si se aplicaría en septiembre con efecto retroactivo del día 1 o en octubre para ser efectiva el último trimestre de año.
El Gobierno está decidido y necesitado de hacer algo que muchas personas perciban como social y que tape, aunque solo sea un poco, las vergüenzas del Gobierno a propósito de lo que está ocurriendo con la subida de la luz y el daño que está haciendo en hogares y negocios. Calviño ha tirado otra vez la toalla de la ortodoxia y ha pasado por alto el reciente informe del Banco de España sobre los perversos efectos que las subidas indiscriminadas y a destiempo tiene el SMI precisamente en las personas a las que se supone que beneficia.
Nadie en el Gobierno quiere “aprender” de los errores que anteriores subidas del SMI tuvieron en el empleo de los jóvenes, trabajadores del campo, empleadas de hogar o mayores de 55 en paro, precisamente a los que dicen que van dirigida. La medida es errónea siempre y el momento actual inadecuado. La excusa de que el SMI alcance el 60% del salario medio es eso otra excusa, ya que actualmente hay nueve Comunidades Autónomas donde ya el SMI iguala o supera ese porcentaje con relación al salario medio de España.
Tampoco el momento es el adecuado. Las empresas y los autónomos no han superado ni mucho menos la crisis provocada por una mala gestión de la pandemia del coronavirus. De hecho, una de cada cuatro empresas está en situación de insolvencia, aún casi 300.000 trabajadores están en ERTE y otros tantos autónomos en cese de actividad, no se ha recuperado la facturación prepandemia y los costes se han disparado, sobre todo el de la electricidad, ahogando los negocios. Elevar también los costes laborales sólo conseguirá llevar a más empresas y autónomos a una situación realmente difícil que en muchos casos acabará en cierre.
España lo que necesita ya y de forma urgente es abordar una reforma laboral y educativa que logre que abandonemos la primera posición en tasa de paro y en desempleo juvenil de Europa (casi 40%) y no dificultar, con medidas como el SMI, su expulsión del mercado laboral o complicar su acceso. El Gobierno lanza estos fuegos de artificio, cuando debería gestionar mejor las cuentas públicas, facilitar mayor flexibilidad en la legislación laboral y escuchar más a los que saben sobre los graves problemas que hoy acechan a los que tienen que crear puestos de trabajo que son las empresas.
