Sorprende la normalidad con la que se endosa a los partidos políticos la causa del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya sabemos que es una verdad material el mangoneo de los partidos en la elección parlamentaria de los vocales. Pero la verdad formal nos remite al Congreso y al Senado, como desdoblada sede de la soberanía nacional, a la hora de determinar cuáles son las instituciones que están incumpliendo el mandato de la renovación.
La ley orgánica del Poder Judicial es muy clara al respecto. Su artículo 568 dispone que los presidentes del Congreso y del Senado “deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. Pero el caso es que ni una ni otra están haciendo sus deberes, mientras la carga de la prueba se está proyectando a todas horas sobre el obstruccionismo del PP y la incapacidad dé Pedro Sánchez para descolgar el teléfono y resolver el problema en un constructivo cara a cara entre el líder que gobierna y el líder que puede gobernar.
Todo eso es una verdad material, pero la verdad formal, insisto, es que la tarea de poner en marcha el mecanismo de la renovación del CGPJ compete a las dos Cámaras, y a cada una de ellas. Un mecanismo que, como se sabe, consiste en que cada una elija, por una mayoría cualificada de 3/5, diez vocales para el gobierno de los jueces: seis entre jueces y magistrados y cuatro entre juristas de reconocido prestigio.
Por cierto, que también prevé la posibilidad de que basta una de las dos Cámaras, la alta o la baja, designe a sus 10 vocales para que el CGPJ se ponga en marcha, salga de la provisionalidad y deje de estar en funciones como está ahora.
Sin embargo, no consta iniciativa alguna por parte de las respectivas presidencias del Congreso y el Senado, o sus respectivos órganos de gobierno (mesa y junta de portavoces) para proceder a la renovación del CGPJ, que está en funciones desde diciembre de 2018. Nada menos que mil días de funcionamiento con el mandato caducado y una composición debida a la orografía electoral salida de las elecciones de 2011.
Pero el culebrón también ha abierto un debate doctrinal sobre el principio de la soberanía nacional como fuente de todos los poderes. También del poder judicial, tal y como de forma un tanto simple ha planteado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños: si del Parlamento, sede de la soberanía nacional, sale el gobierno de los ciudadanos, ¿por qué no iba a salir también el gobierno de los jueces?
Es el fondo de la cuestión. La misma que hace 36 años ya enfrentó en la Comisión de Justicia al PSOE de entonces (adherido a la “enmienda Bandrés”, que logró la extracción parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ) y a la AP de Fraga, representada en el debate por José María Ruíz Gallardón, el padre de que luego sería ministro de Aznar. Pero esa es otra historia.
