Más de seis mil empresas catalanas, o radicadas en Cataluña, cambiaron su domicilio fiscal, cuando los secesionistas perpetraron el intento de golpe de Estado, acompañado de desórdenes callejeros posteriores, perfectamente instigados desde el secesionismo gubernamental. Algunas de ellas, como CaixaBank, ante la amenaza de clientes en toda España de darse de baja, incluso patrocinaron y pagaron campañas publicitarias, donde se hacía un canto a las variadas autonomías del país, que no lo hubiera mejorado la Sección Femenina de los tiempos de Franco.
Ahora, Pedro Sánchez, en su campaña de “Todo por continuar en el Gobierno”, prepara un plan de subvenciones o alivios fiscales para aquellas empresa que quieran retornar a pagar sus impuestos en la futura república independiente. No creo que CaixaBank -que se ha merendado Bankia con entusiasmo gubernamental- vaya a volver, a no ser que les quiera regalar miles de clientes al Santander. Pero, además de los indultos, y de hacer la vista gorda ante el atropello de institucionalizar la malversación, el Gobierno va a maltratar a 40 millones de españoles para hacerse el bueno y el simpático con los secesionistas, porque de los más de 32.000 millones de euros del FLA (Fondo de Liquidación Autonómica) el 40% va a parar a las arcas de los secesionistas, mientras el 60% se lo tendrán que rebañar el resto.
En resumen, 40% para una comunidad de 7 millones de habitantes y 60% para 40 millones de ciudadanos. Bueno, pues me parece poco, porque puestos a pagar fianzas nos faltan los Pujol, que en este camino del disparate han hecho más por el golpe de Estado que los indultados y El Prófugo, muchísimo más. Pedro Sánchez puede pasar a la Historia por ser el primero que desmembró un Estado subvencionándolo desde el Gobierno. Y, si los demás lo consentimos, nos lo mereceremos.
