Estoy en el bando de quienes miran con escepticismo la concesión de los indultos, deseando que la apuesta contribuya a “restituir la convivencia” sin que suponga abordar soluciones anticonstitucionales ni explorar caminos fuera de la ley.
El jefe de filas de los socialistas en el Parlament, Salvador Illa, dice que la solución no vendrá del inmovilismo, la tentación del constitucionalismo, ni de la imposición unilateral, que es la arrogancia propia de los dirigentes independentistas. Un buen diagnóstico del enfermo, que viene acompañado en saludables alusiones a la necesidad de apuntalar una España “fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad”.
Todo eso encaja en el perdón de la pena que le quedaba por cumplir a los condenados del “procés”, en nombre de los valores constitucionales y el espíritu de la transición ¿Por la concordia o por la estabilidad política del Gobierno de coalición PSOE-UP? No está reñido lo uno con lo otro. Si van de la mano incluso deberíamos celebrarlo.
Tiempo al tiempo. Hay fundados motivos para temer que la generosidad derive hacia la claudicación, pero conviene prevenirse ante los agoreros que se ponen la venda antes de nos hayan inferido la herida. Cuando Inés Arrimadas (Ciudadanos) dice que el Gobierno “humilla a los catalanes no independentistas” o cuando un periódico afín a la derecha titula “El Gobierno se humilla ante los secesionistas” están reproduciendo las tesis de los dirigentes de ERC, JxCat y la CUP, que asocian los indultos a la rendición del Estado por pura ‘debilidad’.
Sin embargo, no podemos decir que los nueve condenados del ‘procés’ se van a ir de rositas. De la lectura de los nueve decretos que aparecen en el BOE se desprende que el carácter parcial, individualizado y reversible de los indultos no permite sostener que el Estado está regalando de forma arbitraria unos indultos que invitan al penado (se perdona el cumplimiento pendiente de la pena, no el delito) a volver a las andadas. Si lo hicieran en las circunstancias previstas legalmente (comisión de delitos pensados entre tres y cinco años de cárcel), el indulto quedaría sin efecto. Y, en todo caso, la inhabilitación no ha sido levantada. Es decir, se les quita la oportunidad de volver a desafiar la ley desde un cargo público.
La derivada política es otra cosa. Ya veremos lo que dicen las urnas a su debido tiempo. De momento quedan repartidas las cartas con la concesión de estas medidas de gracia por motivos de utilidad pública. Tendremos los primeros resultados en la cuestión de confianza a la que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha de someterse dentro de dos años. Entonces empezaremos a saber si ha funcionado la mano tendida o, por el contrario, se consolida esa claudicación del Estado que coinciden en pregonar tanto el PP como los dirigentes independentistas.
