Los políticos son capaces de ponerse de acuerdo. ¡Increíble! Hace unos años se consiguió un pacto de Estado contra la violencia de género y aunque los resultados no son óptimos, hemos avanzado en la sensibilización y el apoyo a las víctimas. Ahora, se ha vuelto a conseguir con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. ¡297 votos a favor!, casi unanimidad, con la única oposición de Vox. Los menores en España no están desprotegidos, pero sí había importantes carencias, como había denunciado el Comité de los Derechos del Niño hace ya diez años, y era necesario un marco integral y algunos retoques importantes. Si es posible aquí, ¿por qué no en otros asuntos de importancia?
Es positivo que esta ley amplíe el concepto de violencia y también el tiempo para denunciar
Es imprescindible facilitar las denuncias de los casos de violencia, abuso o acoso a los menores, ponerlos encima de la mesa y esta ley lo hace. Solo se denuncian un 15 por ciento de los casos y se calcula que un 40 por ciento de los menores han sufrido abusos o acoso en algún momento, especialmente en el entorno familiar, donde es más frecuente y donde más se silencian. Por eso es positivo que esta ley amplíe el concepto de violencia y también el tiempo para denunciar; regule el derecho de los menores a ser escuchados y que solo tengan que declarar una vez, no hasta cuatro como sucede ahora; que los menores inmigrantes no puedan ser sometidos nunca más a esa práctica denigratoria de desnudos integrales y exploración genital para determinar su edad, incluso cuando cuentan con documentos de identidad que la acreditan; que se proteja su imagen o se impidan las visitas en determinados casos; que sea obligatorio que haya protocolos contra la violencia de género y un coordinador de bienestar en los colegios y, también, mecanismos de denuncia en los centros de protección; o que los jueces y los fiscales reciban formación especializada y que se creen unidades policiales especializadas.
Un gran paso adelante en la lucha contra los abusos y la pederastia de una ley impulsada por Podemos y apoyada por todos los partidos, menos Vox, lo que demuestra que son posibles grandes consensos pese a las diferencias ideológicas. Lástima que Iglesias y compañía intentaran colar una “bomba” en la ley —técnica frecuente de este Gobierno—, una modificación del Código Penal que de haberse aprobado —pasó el filtro del Congreso sin que nadie “se enterara” y se advirtió y corrigió en el Senado— flexibilizaba el acceso al tercer grado de los condenados por terrorismo. Un favor más de Iglesias a Otegui y compañía.
Un Gobierno de republicanos de izquierda y de la derecha burguesa catalana, divididos y enfrentados
La mala noticia es la formación de otro Gobierno inútil y profundamente negativo en Cataluña. Un Gobierno, con un presidente tutelado desde Bruselas y desde la prisión de Lledoners. Un Gobierno de republicanos de izquierda y de la derecha burguesa catalana, divididos y enfrentados, donde la palabra decisiva la tienen los antisistema de la CUP. Un Gobierno que, pese a las palabras de su presidente, no gobernará para todos los ciudadanos sino exclusivamente para la minoría que quiere la independencia. Un Gobierno que exige un referendum de autodeterminación y la amnistía para los políticos secesionistas, a sabiendas de que no es posible constitucionalmente ni es aceptado por Europa. Un Gobierno que no atiende a los problemas reales de sus ciudadanos. Un Gobierno que ha humillado al PSC, que le ha dado dos años de plazo a Sánchez para culminar la independencia y que dejará tirado al presidente en el momento que le interese a pesar de que éste se ha apresurado a prometer la convocatoria urgente de la Mesa de Diálogo. Ellos saben que solo tienen dos años como máximo: los que le dure la presidencia del Gobierno de España a Pedro Sánchez. Pierde Cataluña, pierde España. No gana nadie.
