Los malos datos del paro: cuatro millones de desempleados, setecientos cincuenta mil en ERTE y más de medio millón de autónomos en cese, o camino del cese, de actividad, no deben ocultar otras magnitudes macroeconómicas en cuyo análisis merece la pena detenerse. La primera es el aumento de la inflación; la segunda, el desigual ritmo de crecimiento económico que va experimentar en los próximos meses Europa con respecto a Estados Unidos y China. Vamos por partes.
La subida de la inflación, a cotas que alcanzan el 1,5% en tasa anual, es una noticia preocupante. Cuando asciende la inflación, el valor patrimonial de particulares y empresas desciende. Es un desvalor que se aplica a lo que se tiene. Y un freno para el crecimiento, porque la repercusión en los tipos de interés hace que el dinero cueste más, y al menos el 70% de la inversión de las mercantiles está financiada con esos recursos ajenos prestados bajo precio. Ya lo adelantó la rentabilidad del bono americano hace unas semanas, con una subida del 60%.
Si se sigue con estas tasas de déficit, acudir al mercado en busca de recursos costará más, y por lo tanto la hipoteca subsiguiente será mayor
Lo preocupante es que esa inflación surge en una Europa en recesión. La explicación viene del extraordinario déficit que está experimentando la economía tanto pública como privada: administraciones, empresas y particulares. A más déficit, más inflación. Paradójicamente, al endeudamiento presente le es más favorable esta situación, pero no al futuro, como se ha señalado en el caso del bono americano. Si se sigue con estas tasas de déficit, acudir al mercado en busca de recursos costará más, y por lo tanto la hipoteca subsiguiente será mayor. España tiene en estos momentos un endeudamiento que supera el 120% del PIB, y seguirá subiendo proporcionalmente en los próximos meses, tanto por la bajada de la actividad económica –que incidirá en una menor producción interna- como por el mantenimiento del déficit en las administraciones públicas.
Es una pena que el presidente Sánchez no haya aprovechado la crisis última de Gobierno para realizar una reducción drástica del número de ministros, secretarios de Estado, directores generales y asesores. La pandemia ha evidenciado aún más la ineficiencia, que parece proporcional a la proliferación de cargos públicos. Un ejemplo son las muertes en residencia de mayores. Cerca de treinta mil, con una supina descoordinación entre Gobierno y comunidades autónomas. El vicepresidente segundo de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, fue incapaz de elaborar y liderar una estrategia común con los distintos consejeros competentes a escala autonómica. Por no hablar del Ministerio de Consumo, que ha pasado de dirección general a Ministerio sin asumir mayores competencias; por cierto, en buena medida transferidas a las comunidades autónomas o en poder de la administración local. España es el país de Europa con más ministros per cápita junto con Italia y Francia. Y uno de los países del mundo con más coches oficiales. No es crítica fácil, por cuanto que el capítulo uno y dos de los presupuestos de las administraciones públicas son dos de los componentes de ese déficit –y en este caso estructural- del que hablaba.
Todo ello destaca más cuando es la economía pública la que tiene que tirar del carro en época de pandemia. Ojo, no estamos en contra de una intervención pública en la economía como eje vertebrador y dinamizador de ella –todo lo contrario: hemos abogado, desde esta columna y desde el principio de la pandemia, por el desarrollo de políticas socialdemócratas-: lo que cuestiono es el gasto suntuario e ineficiente.
En las vacunas, mucho ha tenido que ver la compra masiva de Trump y la ágil aplicación bajo el mandato de Biden
Fíjense que no estamos en contra de la participación pública en la economía, que la segunda magnitud macroeconómica a la que nos vamos a referir tiene mucho que ver con ella. Europa está patinando en la salida de la crisis económica frente a EE.UU. y China. Los americanos prevén entrar en zona de crecimiento neto este año –crecimiento con respecto al 2019; no hagamos trampas utilizando cifras interanuales-; Europa no lo hará hasta el final del primer semestre del 2022. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Dos indicadores la marcan: el índice de vacunación y los cortafuegos fiscales ante la crisis. En ambos casos la asimetría es evidente. En las vacunas, mucho ha tenido que ver la compra masiva de Trump y la ágil aplicación bajo el mandato de Biden. En las ayudas fiscales, el visto bueno del Congreso a la inyección de 1,9 billones de dólares ha supuesto un fuerte impulso al consumo interior, y en el 2021 se prevé crecer entre un 7 y un 8% en comparación con el año anterior. Se vuelve a repetir la historia del 2008 con respecto a Europa y la respectiva agilidad mostrada por uno y por otra en la salida de la crisis. Coadyuva también a esas previsiones de crecimiento el faraónico plan de infraestructuras, presentado la semana pasada y dotado con un presupuesto de 2 billones de dólares.
Mientras, en Europa, la particularidad de las legislaciones estatales y la propia burocratización de la Comisión dificultan las medidas necesarias para la dinamización de la economía. El Tribunal Constitucional alemán ha paralizado, de manera provisional, el plan de recuperación de 750.000 millones de euros; por otra parte, los tres primeros meses de administración de vacunas han resultado un fracaso. En EE.UU., alrededor del 30% de los estadounidenses ya han recibido al menos una dosis del suero, más del doble de lo contabilizado en Europa. En esto reside la clave. El presidente Sánchez –cuyas apariciones en público se restringen a las buenas noticias sobre las vacunas y a la irresponsable, en un presidente del Gobierno, declaración de que el virus campa descontrolado por Madrid- ayer anunció que al final de agosto un 70% de los españoles habrán recibido la dosis correspondiente. Es la única manera de salvar el verano, y este el mejor modo de evitar el desastre total de la economía nacional.
