En la dinámica legislativa no hay nada irreversible siempre que –frente a la obcecación- impere el sentido común. Ni siquiera en el BOE como instrumento más riguroso de esa labor; ni tan siquiera los acuerdos del propio Parlamento de lo que ya han dado infinidad de muestras el Gobierno de Pedro Sánchez. Todo es susceptible de revisión y de derogación si fuera el caso y los argumentos fueran más fuertes en lo social, en lo deportivo, en lo económico, que una simple decisión desde un despacho, –por muy ministerial y de cuarta vicepresidencia que sea como el de la Transición Ecológica que encara la socialista Teresa Ribera. Sin siquiera –seguramente- conocer de cerca la actividad de lo que se está atropellando.
La verdad es que yo (que vengo frecuentando las pistas de esquí que ahora se quieren ‘liquidar’ desde hace más de cuarenta años, cuando aún no había siquiera ni remontes que auxiliaran la actividad alpina) no me he encontrado nunca a la ministra. O quizá es que no la conocía. Tampoco sé si es consciente de que de prosperar su propósito se frustrarían muchísimas predisposiciones al ejercicio del deporte blanco, por un lado, ni si ha reparado lo que supone devolver a cero una actividad económica sustentada y mejorada durante años con lo costoso que es ahora poner en marcha cualquier iniciativa empresarial.
En cualquier caso, es lo que ha trascendido de la reunión telemática del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ostenta la presidencia precisamente del Patronato del Parque Nacional de Guadarrama y ángel tutelar, en consecuencia, de las pistas segovianas ‘El Bosque’, ‘El Telégrafo’ y ‘El Escaparate’ (alma de la Estación de Esquí de Navacerrada) donde históricamente se han formado miles y miles de segovianos y madrileños en la práctica deportiva del esquí alpino (como los Ochoa, los Arias, etc.) o de fondo (como los Merino y los Velasco, deValsaín), que lograron pódium en numerosos campeonatos del mundo (como Jesús Merino) o medallas olímpicas como Paquito Fernández Ochoa a quienes les salieron los dientes en esas laderas serranas (que ahora la ministra Ribera quiere asesinar) convirtiendo la estación en el foco histórico más emblemático de este deporte.
Es por tanto una locura o una obcecación sectaria el querer acabar con todo ello. Si se trata de conservar la naturaleza, la ecología, que con tanto ardor defiende la ministra, debe saber –aunque también admito su ignorancia, traicionada por su ofuscamiento- que precisamente no son los esquiadores quienes degradan el medio sino todo lo contrario. La ministra –si es que quiere justificarse con agentes que den cobertura a su desafortunada decisión, tomada además como decía Suárez Quiñones como política de “hechos consumados” y sin ni siquiera oir el punto de vista nada menos que del presidente del Parque Nacional del Guadarrama, que no es ningún pelamanillas ni a quien se pueda ningunear de esa manera tan grosera- debería recapacitar en una ordenación del tránsito de paseantes que nada tienen que ver con el esquí. Incluso Suárez-Quiñones acusaba a la ministra de “mentir o interpretar sesgadamente” el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional, que no impiden los usos tradicionales en el espacio protegido como el esquí.
¿En qué quedamos? Es más, querer poner como ejemplo de protección la estación de Valcotos es pedir peras al olmo. No tienen nada que ver. Valcotos desapareció hace años para el esquí medio por no reunir condiciones. Eso sí: parece que contó con autorización para la construcción de 1.000 viviendas en esa zona protegida. Y el de nivel superior ya cuenta con los tubos de ‘Arroyo Seco’ y ‘Rio Frío’. ¿O es que no se lo han dicho?. En todo caso, si de restauración ambiental se la llena la boca, haría bien la ministra en recapacitar sobre dos aspectos graves: uno, la descuidada atención que han tenido los pinares a raíz de la intensísima nevada de 1.996 que destrozó miles de pinos –de excelente porte- cuyos restos ya podridos aún perduran allí.
Esa imprescindible limpieza sí conllevaría una restauración de la que en cambio podría estar orgullosa. Sin embargo, ahí está el foco de contaminación por diversos bichos indeseables sin que pueda verse, claro, desde su despacho ministerial presidido por la bandera de España. Y el otro, tratar de sanear el galopante incremento de la procesionaria (lepidóptero defoliador del pino) y otras enfermedades forestales que están degradando los bosques, llevándolos a la ruina más pronto que tarde. Más urgente, digo yo, es actuar ahí que cercenar el uso de la emblemática e histórica estación de esquí de Navacerrada amparándose en la instalación de cuatro cañones de apoyo con nieve artificial para uso y recreo de los deportistas blancos.
Además de esa casuística emocional se concitan otras como la generación de recursos económicos y sociales. Por un lado la supervivencia de las más de 30 familias que viven del puerto (mas las indirectas que lo impulsan); la generación de riqueza que supone la afluencia de deportistas hacia La Granja y Segovia. Pero es que, además, por si no sabía la ministra (que debería estar al tanto, aunque perdone su ignorancia) con la desastrosa decisión tomada hace unos días sin dar acceso a los sectores involucrados en semejante sinrazón (y sobre todo a la Junta de Castilla y León y el presidente del Patronato del Parque Nacional de Guadarrama, que no creo que sea ningún insensato) con ella se yugula el interesante proyecto de convertir en su día La Granja en el área de base del puerto (con estacionamiento de autobuses y turismos que evitarían colapsos de circulación en el puerto, lanzamiento desde allí de esquiadores, zonas recreativas, de hostelería, de educación ambiental, talleres, material de esquí, y de relación social importante que mermase la afluencia de ‘visitantes de tacón’ hacia las pistas de esquí. Por tanto me parece que la decisión de la ministra debe ser reversible mediante una fórmula civilizada que no sea el tortuoso fin previsto por la Ribera, cuarta vicepresidenta de Sánchez. Que impere el sentido común. Y sobre todo que escuche con sensatez la cantidad de reacciones adversas que ha suscitado su controvertida decisión.
