Es un principio admitido en Economía que en tiempo de recesión lo último que debe hacerse es recortar el gasto y subir los impuestos. Es un principio admitido en la ley de la vida que cuando alguien está a punto de ahogarse no hay que recordarle que puede perder el flotador. Valga la metáfora para expresar que algo parecido puede suponer para la pyme y para los autónomos el anuncio de la derogación de la reforma laboral del 2012 —o de sus “partes más lesivas” (sic)— pactada en diciembre del 2019 y reafirmada hace un par de días. Si durante semanas se ha intentado que los ERTE sustituyan al despido y —con desigual fortuna— que la liquidez llegue a la empresa, ahora parece que se le advierte al empresario con dificultades que si tiene que disminuir su cuenta de gastos para adecuarla a la nueva estructura de ingresos y decide reducir plantilla es mejor que lo haga más pronto que tarde, porque los costes de extinción se van a disparar al menos un 36% en el futuro.
Hay que reconocer que este Gobierno tiene el don de la oportunidad. Al anuncio de derogación de la reforma Báñez se ha unido la amenazante publicidad de otro punto del acuerdo de coalición: la reforma del IRPF y el incremento en de dos puntos de los tipos impositivos para contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Y para terminarla de liar, y recordar a algunos lo cerca que está Portugal para fijar allí la residencia habitual, uno de los socios del Gobierno, Podemos, presenta en el Congreso —Comisión para la Reconstrucción Social y Económica— el proyecto de impuesto para las grandes fortunas con base imponible a partir de un millón de euros —excluida la vivienda habitual—.
Menos mal que junto al don de la oportunidad y la virtud de la rectificación el Gobierno también practica el principio de la contradicción, y una cosa es lo que anuncia y otra lo que hace.
Porque lo que ha practicado hasta ahora, y es encomiable, es eximir de cotizaciones sociales a las empresa con ERTE por causa de fuerza mayor. La naturaleza jurídica de las cotizaciones laborales no es tributaria. Pero sí su naturaleza económica, por ser un ingreso público que se obtiene de un contribuyente obligado al pago por su actividad: en este caso, las empresas y los trabajadores. Algo que desconoce el vicepresidente Iglesias cuando alegremente proclama que la presión fiscal en España es seis puntos menos que en Europa, sin computar como debiera las cotizaciones laborales, que son de las más altas del continente.
El don de la oportunidad se manifiesta también ante la Unión Europea, que en la actualidad masca en su seno un plan para contrarrestar la crisis económica generada por la pandemia. El Informe sobre España emitido el 26 de febrero del 2020, que recomiendo leer en su integridad, dice textualmente:
“El nuevo Gobierno ha anunciado cambios en la regulación del mercado laboral. Está reconocido que las reformas adoptadas en 2012-2013 en respuesta a la crisis han jugado un papel importante en la promoción de la recuperación económica, rica en empleo, que comenzó en 2014 (…) Será importante que cualquier medida nueva solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se conserven los logros de las reformas anteriores” (página 70 del Informe).
La Comisión Europea conocía y temía las intenciones del nuevo Gobierno de coalición, y advertía de las consecuencias que se podían derivar del texto del acuerdo, en concreto en lo que afecta a la normativa y al mercado laboral español. ¿Por qué lo desconocían la vicepresidente Calviño y el presidente de la CEOE, señor Garimendi?
