El asunto sería digno de figurar en una de las comedias esperpénticas de Valle-Inclán si no fuera por la relevancia que encierra. Ahora resulta que algunos se caen del guindo y se rasgan las vestiduras ante el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu por el que se comprometen “a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012”.
¿No estaba ya pactada en el acuerdo de gobierno de coalición que se firmó el 30 de diciembre pasado? No aparecía el sintagma “derogación íntegra”, es cierto, pero en el punto 1.3 se atacaban los seis pilares que conformaron en su día la reforma Báñez, entre ellos, el alcance y supremacía de los convenios colectivos, la regulación de la contratación de servicios profesionales externos, la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios. De todos estos puntos, uno lo he omitido porque su supresión ya se ha llevado a cabo: la posibilidad de despido por absentismo que tuviera su origen en reiteradas bajas por enfermedad. Por lo tanto, si no era la anterior una manifestación del deseo de una derogación íntegra, bien lo parecía.
¿No conocían el contenido del acuerdo de gobierno los presidentes de la CEOE y de CEPYME antes de la foto pública del 11 de mayo sobre la modificación en la regulación de los ERTE? ¿O pensaban que todo quedaría en agua de borrajas? Por cierto, y esto también tiene su aquel, en el mencionado punto del pacto de coalición nada se dice del concurso de los agentes sociales a la hora de proceder a tan importante reforma legal. La iniciativa, tanto en lo referente a las derogaciones como a las modificaciones, se acometerá por las bravas, como acción de gobierno. A sindicatos y empresarios se les llamará, eso sí, para la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores adecuado al “siglo XXI” —les prometo que dice eso—, con lo cual algo es algo. Concluyendo: que no entiendo la cara de espanto de los unos y de los otros. Salvo…
… Salvo que no quede muy estético que se prefiera acordar con los proetarras de Bildu una reforma laboral antes que con los empresarios y sindicatos. O salvo que escueza la apelación a la palabra “íntegra”, que al final, como se ha visto, tanto da, porque lo que estaba pactado era prácticamente lo mismo. O salvo, en fin, que se entienda que se fija un alcance temporal a esta actuación que a todas luces es muy precipitada: “antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19”, dice. Es cierto que resucitar la derogación en momentos de inestabilidad laboral, y aprovechando una prórroga del Estado de Alarma –qué dirá Ciudadanos, me pregunto-, demuestra una irresponsabilidad supina, aunque sobre la fecha de ejecución del acuerdo no esté todo dicho, puesto que si bien parece señalar al 30 de junio como la más probable, el Ejecutivo puede ampliar temporalmente las medidas en los sectores que considere, con lo que los límites se difuminan. Y, además, dado que requerirá una tramitación legislativa, los plazos se quedan cortos para esa fecha, y por supuesto que no concurren las condiciones para que se haga a través de un real decreto ley.
La reforma del 2012 vino acompañada de la creación de tres millones de puestos de trabajo. Posiblemente sea exagerado atribuirle ese logro, pero por primera vez se consiguió poner coto a la rigidez en la negociación laboral y se vinculó la política salarial a la productividad a la vez que se reforzaba el papel del empresario en la organización de los métodos productivos. Pero los tiempos cambian.
