Tengo prendida en mi memoria con una argolla de hierro virtual la primera vez que entré en la sede de la Comunidad Europea. Fue el inicio de una larga amistad, que diría Claude Rains, y de un proceso muy interesante de trabajo, y por qué no decirlo, de formación. Viajaba en calidad de jefe de gabinete del consejero de Economía de una región excluida del Objetivo número 1 de los Fondos Estructurales, e intentábamos presentar el mayor número de planes para el Objetivo 2 –reindustrialización- y 5b –ayuda agraria-. Tuve la oportunidad y la suerte de tratar con Eneko Landáburu, titular de la Dirección General XVI, encargada de los proyectos regionales. A él, al impulso de Jacques Delors y de Felipe González y al apoyo de Helmut Kohl le debe España gran parte de la mayúscula inversión en infraestructura realizada durante la década de los años 90 y que cambio el perfil dotacional del país.
Los Fondos Estructurales vuelven a tener protagonismo como palanca de desarrollo. Ahora ya no se trata de armonizar el PIB per cápita de las regiones europeas, los conocidos Nuts II, sino de reconstruir un tejido productivo afectado por la maldita pandemia y de poner remedio para que economías tan importantes dentro de la Unión Europea como Italia y España no se vean abocadas a una recesión crónica. Ya no están Jacques Delors ni Felipe González, dos figuras potentes con una autoridad personal muy superior a la de su representación política. Ahora son Angela Merkel y Enmanuel Macron quienes marcan el paso. Llama la atención que después de algunas sonadas disensiones en la reunión del Consejo y del Eurogrupo los dos hayan desatascado mediante una entrevista personal lo que parecía una cuestión encallada. Su propuesta es más humilde que la deseada, medio billón de euros en ayudas –un tercio de la solicitada por el presidente Sánchez- pero reúne algunas características interesantes. Por ejemplo, la de incardinarse dentro de los citados Fondos Estructurales, asumiendo su naturaleza de transferencia y no de préstamos a los Estados miembros beneficiados. Todo indica que la UE financiará el nuevo crédito presupuestario no con cargo a deuda mutualizada sino con recursos propios que saldrán de nuevos tributos, tal y como avanzamos en un artículo anterior. Supone un alivio, por lo tanto, que estas transferencias no aumenten las tasas de endeudamiento de los países, ya muy castigadas por los déficits fiscales continuos de algunos, entre ellos Italia y España.
Y donde unos ven una amenaza otros observamos una garantía de futuro: el acuerdo franco-alemán exige a los países receptores un “claro compromiso” de “seguir políticas económicas sanas”, obligación que afecta de forma simétrica –somos quizá demasiado bien pensados, pero esperemos que sea así- a la futura contención del déficit en los países del sur y a los superávits producto de dumping tributarios de los países del norte. No suena –o no nos quiere sonar- a la “condicionalidad estricta” y desproporcionada de los hombres de negro de la troika, pero sí a la imposición de una disciplina fiscal una vez superados los efectos de la pandemia. Son malas noticias para el sector “podemita” del Gobierno, pero buenas para quienes creemos que la economía presupuestaria –de una familia, de una empresa, de un Estado- tiene que alejarse de los gastos suntuarios y populistas y abocarse al equilibrio.
La crisis va a ser profunda y con una proyección temporal superior a la que se esperaba, según advirtió el lunes el gobernador del Banco de España. Las tres variables de éxito futuro serán: una política de gasto expansiva en el corto plazo, una contención de los tipos de interés que no penalice el endeudamiento y el equilibro fiscal a medio y largo plazo. Fuera de eso solo existirá el abismo.
