Hagamos un ejercicio de traslación en el tiempo: vayámonos a febrero, en plenas carnestolendas; aprovecharé para disfrazarme de vicepresidenta Calviño y, con gran audacia por mi parte, me desprenderé de la piel de comentarista y me introduciré en la de quien sostiene las riendas económicas del país. Y dejaré constancia de algunas líneas que debería contener (en mi modesta opinión) un plan estratégico de país:
1.- Creo que no es época de reparar en gasto público; pero guardando la factura. Tenemos el tejido productivo que tenemos, y hay que tirar de él, coordinando con los Ayuntamientos un impulso a la hostelería: habría que realizar una moratoria de los principales tributos municipales –no más gasto, sino menos ingresos-, con compensaciones por parte del Estado, por ejemplo suprimiendo la Regla de Gasto y permitiendo a los municipios la expansión coyuntural de su presupuesto por encima de la tasa del PIB. Por la vía de las ayudas, hay que revisar profundamente el comportamiento de los bancos en la concesión de avales; y en la no concesión, también. Y el Gobierno tendría no solo que facilitar la liquidez directa para casos excepcionales, también la solvencia mediante un programa de capitalización de empresas. Y obtener de Bruselas que este no compute como déficit público.
2.- Es hora de plantearse un programa de reindustrialización del país con planes de desarrollo locales, en los que intervengan la administración estatal, la autonómica, la local y por supuesto la europea. Y seguir apostando por las energías renovables; y realizar un plan RENOVE de la industria automovilística y de los edificios de España, para hacerlos más eficientes desde el lado energético.
3.- Sería conveniente dotar a la España vaciada de tecnologías de la comunicación y la información que permitiesen la modalidad de teletrabajo que tan fructuosamente se ha desarrollado en estas semanas. Y permitir la liberación del suelo en determinados municipios con baja densidad de habitantes para abaratar la repercusión de su coste en el precio final de la obra.
4.- A medio plazo: los estímulos económicos a empresas y de la demanda agregada deben acompañarse de un sistema tributario bien armado; habría que estudiar la implantación de un IRPF sintético de base y tarifa única, en la que todas las rentas tributen lo mismo, con independencia de su origen, incrementando el número de tramos de renta y de tarifas. Y acompañarlo de un régimen de transparencia fiscal para las sociedades patrimoniales y profesionales, obligando a los socios a tributar por la parte que les corresponda de los beneficios no distribuidos.
5.- El 30 de julio de 1982 las Cortes Generales aprobaron la ley orgánica que armonizaba el proceso autonómico: 28 años después habría que realizar una modernización de ese sistema, con un adelgazamiento del músculo de las administraciones españolas, dentro de un plan de austeridad, de contención del déficit y de reducción de deuda en el medio plazo. No es comprensible que una misma competencia se distribuya entre cinco administraciones concurrentes. En algunas regiones, además de la administración periférica, están la autonómica, la provincial, la local y la comarcal. Habría que limitar los capítulos I, II y IV de las administraciones, empezando por la del Estado.
6.- Y por último, habría que ligar cualquier programa de ingreso vital a la inserción laboral o a la prestación social. Está bien todo lo que se haga como escudo social e incentivación de la demanda, pero una economía subsidiada, sin retorno social, no ayuda al crecimiento.
