El virus COVID-19 es un virus atípico. También la crisis económica que se deriva del coronavirus es atípica. No es una crisis financiera; tampoco de demanda. Es una crisis de oferta. Más que crisis es sencillamente un parón económico. Como si un cataclismo hubiera arramblado con la superficie social, no con sus cimientos. Pero es una crisis coyuntural que amenaza con convertirse en estructural. Todas las medidas – ya que en el campo sanitario se ha fracasado a la hora de prevenir los efectos de la pandemia- tendrían que concentrase en minorar su alargamiento para que los daños no sean irreparables en el tejido productivo y laboral. Han pasado ya cuatro semanas desde que se tomaron las primeras iniciativas, y todo parece que está perfilado, salvo una cuestión: el Ingreso Mínimo Vital. El vicepresidente Iglesias hubiera querido la aprobación de una figura transitoria antes de la definitiva, pero el ministro Escrivá se ha plantado. Y la iniciativa ha quedado aplazada. Es esta una medida que afecta no a la oferta sino a la demanda. No vamos a poner peros a políticas con dimensiones sociales además de económicas, pero habrá que ser especialmente cuidadoso a la hora de proceder a su regulación y procurar que sea una renta que incentive la inserción laboral y no todo lo contrario, como ha podido pasar hasta ahora con la ayuda de 430 euros, que más bien ha invitado durante el periodo de su aplicación al absentismo o a la economía sumergida. Es más productiva una ambiciosa reindustrialización del país que una economía subsidiada.
La pregunta, cuatro semanas después de las primeras medidas financieras, es si son suficientes para incentivar la oferta una vez se vaya levantando el velo de la crisis sanitaria. Y respondemos: No. Seguimos y seguiremos insistiendo: lo fundamental es que las empresas tengan liquidez suficiente: así se evita el propio mal y el de terceros. El sistema de avales no está solucionando el problema de las más afectadas. Ante ello, otras medidas como la prohibición de que las empresas durante el estado de alarma puedan extinguir la relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción -aun no habiéndose podido acoger a los beneficios del ERTE por causa de fuerza mayor-, o que aquellas que sí lo han hecho se comprometan a mantener el nivel de empleo durante al menos seis meses después de concluida la suspensión, no casan de ninguna de las maneras con la más mínima restricción al acceso a la financiación. Los escenarios de caída del PIB motivados por la crisis oscilan para 2020 desde el 4,50 al 10,60%. El FMI prevé el 8%. Si se cumpliese esta cifra, la tasa de paro se elevaría al 20,8%. Un palo, por más que en el 2021 se crezca por encima del 4%. Hay que hacer todo lo posible por evitar acercarnos a cifras porcentuales de desempleo que ronden el 25%, por su coste social y por su incidencia en el gasto público, muy superior al previsto para el Ingreso Mínimo Vital de un millón de familias. Y mucho más –desde el punto de vista social y económico– de lo que pueden suponer las ayudas a empresas y a autónomos para evitar el cierre. El aluvión de expedientes de suspensión ha afectado ya a 3.500.000 trabajadores y ha colapsado el Servicio Público de Empleo Estatal. Por más que la autoridad laboral, las gestorías y las empresas se hayan dado prisa en tramitar los procedimientos el atasco se ha producido a la hora de reconocer las prestaciones, por lo que el cobro de estas podrá retrasarse en algunos casos unas semanas. Mal comienzo.
