La crisis sanitaria acapara gran parte del foco mediático. Es lo lógico en estos momentos. Pero arrimadita en la esquina del escenario se encuentra agazapada la crisis económica, que va a ser profunda. Tanto la estructural como la microeconómica, la que afecta al bolsillo del ciudadano, que por cierto es en gran parte el motor de la otra, de la macro: solo hace falta reparar en la repercusión del consumo de las familias en el PIB. Veamos cómo van las cosas por el momento en nuestra provincia. Segovia se encuentra entre las tres demarcaciones españolas que registran menos destrucción de empleo en marzo, lo cual es significativo si tenemos en cuenta dos variables: la afección que el sector servicios ha padecido por el cese de la actividad desde el primer día de declaración del Estado de alarma y la incidencia que la extinción de contratos ha tenido en los temporales. Ha sido el expediente de regulación con suspensión o reducción de jornada –la gran mayoría por causas de fuerza mayor- el instrumento más utilizado por las empresas segovianas. Hasta ahora se han incoado cerca de 1.800 expedientes, que pueden afectar a unos 8.000 trabajadores. El Gobierno, en el RDL 8/2020 (artículo 22, 2, c.), estableció un plazo de cinco días para su resolución por la autoridad laboral. Este plazo fue considerado escaso por las comunidades autónomas que en virtud de su competencia lo ampliaron a diez días. Fue lo que sucedió con Castilla y León (BOCYL 31 de marzo). La cuestión tiene su relevancia, porque hasta que no exista resolución el trabajador no devengará el subsidio de desempleo, pero tampoco será beneficiario de los derechos que el mencionado decreto y otros posteriores reconocen a los sujetos a un ERTE –moratoria de hipoteca, negociación del alquiler o en su caso solicitud de microcréditos, etc-. Es decir, que en algunas comunidades es poco probable que cobren el desempleo entre el 7 y el 10 de abril, y dudo mucho que las entidades financieras estén dispuestas a adelantar la cantidades si el expediente no está resuelto. Afortunadamente, en Segovia, y a pesar de esa ampliación teórica, los plazos de resolución no se están agotando, lo cual dice mucho de la capacidad de trabajo de la autoridad laboral. Una vez resueltos los expedientes, la propia empresa tiene un plazo de cinco días para presentar en el Servicio de Empleo (SEPE) la documentación necesaria sobre los trabajadores afectados. Es esta una de las particularidades de la regulación. No tienen que ser los operarios los que acudan al SEPE, sino que es la empresa la que tiene la obligación de cumplir con el trámite. Me consta que ayer las principales gestorías de Segovia se afanaban por cumplir con el plazo para agilizar lo más posible la prestación del subsidio.
Hay otra cuestión que ha pasado desapercibida entre las medidas de estos últimos días. El artículo 46 del RDL 10/2020 establece una compensación de 15 millones de euros destinada a cubrir parte de los costes del servicio de comunicación audiovisual de TDT. Ello está bien y la gran empresa lo agradecerá; pero, ¿qué ocurre con los medios de comunicación pequeños, cuya actividad se considera esencial por normativa, y que han visto descender en un 70% sus ingresos de publicidad y han perdido suscriptores por cierre de establecimientos o porque Correos no se comprometió los primeros días a realizar el suministro? En Italia se ha anunciado el cierre de periódicos locales agobiados por la crisis. Sí, esos que se afanan por recoger cada día entre sus páginas –impresa o digital- el pálpito del pueblo más remoto del interior vaciado. Para pensar.
