Nueva reunión ayer del Consejo de Ministros y nueva batería de iniciativas de carácter económico y social. Hasta cincuenta medidas parece que va a contener el nuevo Real Decreto Ley. Las novedades fundamentales afectan al sistema de arrendamientos urbanos. Las tendrán ustedes explicitadas en las páginas del periódico. Como la nuestra es una columna de análisis, van a permitir que hasta que no leamos la norma en el BOE no entremos al detalle de los apartados más significativos. Sí me voy a permitir realizar algún comentario sobre lo que no he oído a la vicepresidenta Calviño. No la he oído decir que se condonen las cotizaciones a la seguridad social y para los próximos meses —moratoria no es lo mismo que condonación— a las empresas afectadas por el cese de actividad decretado en el RDL 8/2020. Y no he oído que se incluya una moratoria en el conjunto de obligaciones fiscales —incluyendo el IRPF—hasta el mes de septiembre.
Analicen mañana cuántas medidas caen en la espalda de terceros del conjunto de disposiciones del decreto. Sí ha anticipado el vicepresidente Iglesias la próxima aprobación de una norma que garantice un Ingreso Mínimo Vital, lo que será sin duda una iniciativa de alcance tanto desde la perspectiva social como económica. El gasto de las familias supone un 53% de nuestro PIB y el descenso producido en este mes de marzo ha sido —como era de esperar— alarmante. No solo por el confinamiento, sino por la ausencia de confianza en lo por venir, que es un indicador de las posibilidades futuras de una economía. Un acuerdo sí es claro: la moratoria sin intereses de las cotizaciones de autónomos por días trabajados en el mes de marzo. Lástima que llegue la resolución el 31 de marzo. Un consejo: aquellos que ya la hayan abonado que soliciten su devolución.
En estos días han pasado casi de puntillas las muy sensatas declaraciones del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. El Banco de España, y por ende el gobernador, tendría que ser la autoridad, en circunstancias ordinarias, que velase por la estabilidad presupuestaria, por la contención del déficit público, por la reducción progresiva de la deuda. Pero no estamos en circunstancias ordinarias, sino extraordinarias. Y el gobernador ha indicado que no son tiempos para la contención sino para la expansión de la política fiscal.
Según los datos del informe trimestral del Banco de España, nuestro país está muy por debajo de las iniciativas tomadas por otros países en materia de gasto. Las medidas fiscales españolas rondan el 1,4% del producto interior bruto. Nada que ver con los más del 3% que ha supuesto el “bazuka” alemán. Para muestra un botón: de los 100.000 millones de euros de avales que recogió el RDL 8/2020, solo se han lanzado al mercado 20.000, a repartir por igual entre las grandes y pequeñas empresas. Las entidades financieras con volumen de actividad podrán aprovechar para colocar los “stocks” de liquidez disponibles, pero las pequeñas tendrán que asociar sus préstamos y créditos con los del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Que por el momento solo ha previsto 400 millones de euros, lo cual es cantidad a todas luces insuficiente. Nada ha comunicado la vicepresidenta sobre el aumento de ambas partidas. Tampoco he oído a los ministros anunciar que se flexibiliza la Regla de Gasto de los Ayuntamientos, una de las limitaciones de la Ley de Estabilidad del ministro Montoro, que impide que se invierta el superávit anual municipal. Las entidades locales tienen ya 26.000 millones de euros acumulados en ahorro, que bien podrían destinarse a incrementar la actividad productiva en los pueblos.
