Entramos en un tiempo político en el que no se va a hablar de lo que interesa y preocupa a los ciudadanos sino, únicamente, de lo que preocupa e interesa a los políticos. A unos cuantos. El divorcio entre la clase política y la ciudadanía crece de forma imparable. El cinismo y el desprecio son la moneda de cambio para conservar el poder y el precio a pagar, por elevado que sea, es lo último que se mira. En la primera investidura de la temporada, aunque se hable de otras cosas, lo único que va a importar es el compromiso del presidente en funciones de conceder la amnistía a unos delincuentes para seguir en el poder. Todo lo demás, precios, inflación, crecimiento económico, solidaridad, igualdad entre ciudadanos y autonomías, fiscalidad, pensiones, educación, sanidad, etc. aunque se mencionen de pasada no tendrán ningún peso en el debate. El imperio de la ley, la justicia y el Estado de Derecho ya están siendo directamente burlados o prostituidos.
Entre esos problemas que no se tratarán hay uno muy importante para España y Europa: la inmigración. Europa está cada vez más dividida en su respuesta a este hecho y es incapaz de lograr tanto un pacto migratorio como de articular acuerdos con los países de origen y de tránsito para mejorar sus economías y hacer que su crecimiento dé oportunidades a sus ciudadanos, disminuir así el flujo migratorio y acabar con el inmenso negocio de las mafias de contrabandistas y traficantes que se lucran con la desesperación de los más desvalidos. Lo acaba de decir el Papa Francisco en su viaje a Marsella donde ha denunciado la tragedia del Mediterráneo –2.500 muertos en lo que va de año, 951 de ellos en las rutas que hay desde África a España–, que ya no es el Mare nostrum sino el Mare mortuum, un inmenso cementerio. “En la Europa donde reina la opulencia, el consumismo y el despilfarro, hay políticos que alientan el miedo a la invasión de los desamparados”, ha dicho Francisco. Italia, incluso, ha permitido a los barcos de salvamento de las ONG, que hacen las tareas que eluden algunos Estados, que salgan en auxilio de los migrantes en riesgo de muerte… pero sin ningún medio de salvamento para evitar su muerte. Inglaterra ha creado un nuevo Alcatraz, ahora para migrantes, con un macro barco en medio del mar. El racismo institucional hace que aumente el racismo social. “Dejar morir, ha dicho la activista Helena Maleno, en la revista Vida Nueva, es una fórmula de control migratorio”. Una terrible y asesina fórmula. Cada día mueren en el Mediterráneo cinco personas y sólo en este año han desaparecido 19 embarcaciones con todas las personas a bordo. Personas que huyen de la miseria o de la destrucción, como en el caso del reciente terremoto de Marruecos, de la guerra o de la persecución.
En el caso español, en infinidad de casos esos migrantes son “salvavidas”: personas que trabajan donde los españoles no quieren hacerlo o cuyo índice de natalidad es vital. También en Europa. El imparable envejecimiento de la pirámide poblacional hace que España tenga que incorporar al menos 200.000 migrantes cada año para mantener la sostenibilidad del sistema. Hay que invertir en la formación de esas personas, en su integración, en la garantía de condiciones dignas de trabajo, en ajustar los cupos oficiales a las necesidades reales, en favorecer, como está haciendo la Iglesia en diversos lugares la integración de migrantes en comunidades rurales de la España vaciada y envejecida, con acogimiento, con un techo y un trabajo dignos. Las políticas migratorias no se pueden basar sólo en excluir, en alarmar, en levantar muros con concertinas, en negar derechos y en favorecer guetos. La inmigración cero ni es factible ni deseable.
