La gran pelea política que se extiende a todos los rincones de la actividad e inactividad en España se palpaba también en el solemne acto de apertura del año judicial, donde el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, acabó su discurso confiando en que sea la última vez que él encabeza este acto, porque ello significaría que los partidos han llegado a un acuerdo para renovar el gobierno de los jueces. Muy significativo del clima reinante. No era, claro, el único motivo de preocupación entre los magistrados asistentes a este inicie del año judicial que se prevé bastante más conflictivo aún que en ediciones anteriores; lo que, teniendo en cuenta todo lo sucedido desde octubre de 2017, es mucho decir.
Y Cataluña estaba en el centro de las tormentas: ahí es nada la angustia de los ilustres togados ante la probabilidad de que, por ejemplo, el aún molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, se niegue a acatar una presumible sentencia del Supremo decretando su inhabilitación para el cargo, se haga fuerte en el Palau de la Generalitat y siga, de facto aunque no ‘de iure’, ejerciendo la presidencia de Cataluña, mientras su vicepresidente y no muy amigo Pere Aragonés, ahora vicepresidente, militante de Esquerra, ostentaría oficialmente el cargo y el rango. Sería, claro, inexplicable, pero es una más de las numerosas cosas surrealistas que ocurren en la política catalana, donde los afanes no se centran en el bienestar de la población, sino casi exclusivamente en proseguir el camino del ‘procés’.
Y es precisamente con este Torra, a punto de sumirse en los abismos de una rebeldía que a ver cómo el Estado acierta a atajar, con quien Pedro Sánchez anunció este lunes, en una entrevista en TVE, que contactará en breve para volver a poner en marcha la que creíamos ya de hecho muerta mesa de negociación entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat catalana. Claro que, por no saberse, ni se sabe quién se sentaría en esa mesa, dada la hostilidad y rivalidad entre la formación de Puigdemont y Torra, JuntsxCat, y la Esquerra Republicana de Catalunya que, dicen todas las encuestas, ganaría las próximas elecciones catalanas, que se convocarán, y esa es otra, a saber cuándo.
O sea, que ni se sabe de qué podrían hablar Sánchez y Torra, o quien sea que encabece la delegación catalana en esa mesa de negociación. Tengo para mí que la celebración de la Diada, el jueves, significará nuevamente un punto de arranque para sea lo que fuere lo que pretende el secesionismo de uno y otro lado. Pero lo que sí es casi seguro, a tenor de lo que dicen los sondeos, es que la suma de las fuerzas independentistas ganará con relativa facilidad las elecciones autonómicas, y entonces será imposible evitar que traten de convertirlas en un plebiscito sobre independencia sí-independencia no. Y que, entonces, se reproduzcan algunos de los altercados, tan graves, de octubre de 2017, cuando, apenas durante unos segundos, se proclamó la desconexión de Cataluña del resto del Estado, o sea, de España.
Aquello no sirvió de nada, excepto como gesto simbólico, pero supuso el encarcelamiento de varios dirigentes políticos secesionistas y la apertura de un conflicto judicial y legal que el juicio por el ‘procés’ no llegó del todo a sofocar. Pero de estos conflictos e incertidumbres, así como de algunos varapalos en instancias judiciales europeas, se sigue hablando, cómo no, en los medios togados nacionales y allí estaba la cuestión, sobrevolando el solemne acto de la apertura del año judicial. Pregunté, por cierto, a un magistrado amigo si no le correspondería a un juez impedir la celebración de la Diada en estos peligrosos tiempos de pandemia y me respondió: “no creo que haya en Cataluña un solo juez que se atreviese siquiera a hablar del tema, y menos a vetarlo; el Estado pierde presencia a chorros en Cataluña, y el Estado es el Poder Judicial”. Textual. No hay, ay, más preguntas, Señoría.
