Catón “El Viejo” (234-149 a.C.) fue un personaje peculiar de la República romana. Ejerció distintos puestos relevantes en la magistratura; también fue militar. Conocidas son sus obsesiones contra Cartago y contra todo lo que oliera a influencia helenística. Ya de anciano abogó por recuperar las tradiciones romanas -“oh tempora, oh mores”- a las que consideraba necesarias para la vida de la República si no quería esta caer en el amaneramiento o, lo que era peor, en la tiranía. Pero los romanos le hacían poco caso. Y a Catón le venía el desaliento. Y se quejaba de la inutilidad de su trabajo.
Algo parecido puede estar minando el ánimo de los comentaristas económicos a la hora de analizar las medidas del Gobierno para que la crisis del coronavirus afecte lo menos posible al relanzamiento de la economía una vez superado el riesgo sanitario. Desde distintos ámbitos se afirma con insistencia que la base de todo reside en que las empresas gocen de liquidez para que puedan cumplir con sus obligaciones. Si no, el bucle se extenderá tanto como la pandemia: los clientes dejarán de pagar a los proveedores, y estos a los suyos, y así sucesivamente hasta el eslabón más frágil de la cadena: los trabajadores. Lo que a su vez penalizará el consumo familiar, que como vimos ayer sustenta buena parte de nuestra economía.
El martes el Consejo de Gobierno aprobó otro RDL sobre ayudas a sectores vulnerables de la población. Es una iniciativa necesaria, pero de alcance limitado, que descarga buena parte de su peso en terceros y con alguna medida cuestionable. ¿Por qué el propietario o usufructuario de un inmueble no puede acceder a los beneficios del decreto solo por esta situación? Imagínense a una persona que recibe en herencia un piso con arrendatario incluido mientras que ella vive también de alquiler. Y que tanto su arrendatario como él mismo quedan en situación vulnerable –ERTE, desempleo-. El arrendatario podrá acogerse a los beneficios del RDL, pero él no, con el perjuicio consiguiente. Parece que subyaga por parte de algunos miembros del Gobierno una desconfianza hacia los propietarios, hacia los empresarios, hacia los fondos de inversión. Los fondos de inversión en el sector inmobiliario se adjetivan las más de las veces con el estereotipo de “fondos buitres”, cuando en la mayoría de las ocasiones están compuestos por pequeños ahorradores que invierten su poco capital en un sector que consideran rentable.
Y mientras tanto las ayudas a la liquidez de las empresas siguen siendo manifiestamente mejorables. No se sabe para cuándo el segundo tramo de avales, e incluso a día de hoy se desconoce el mecanismo de su concesión. Me consta que los bancos van muy lentos por este y otros motivos cuando la celeridad es lo que se impone. La vicepresidenta Calviño teme al déficit. Quizá no le falte razón mirando las cifras del 2019, cuando se han contabilizado 32.905 millones más de déficit público, totalizando el consolidado a 31 de diciembre los 820.933 millones. Pero no es momento de pensar en los errores del pasado, ni en algunas alegrías en el gasto que se debieran haber controlado. Y que nos hacen difícil el acceso al mercado financiero: por ello la necesidad de mutualizar el riesgo con Europa. Ahora es la hora de incentivar la economía productiva. Así se crecerá, habrá menos desempleo y por lo tanto menor será el gasto público. Es la única manera de que tenga éxito un sistema de economía mixta como es el europeo. Hasta Donald Trump ha prometido una inyección de liquidez al mercado. Y si eso lo hace un liberal, con más razón se puede ser buen socialdemócrata ayudando desde el Estado a la reactivación de las empresas y no solo a los más desfavorecidos.
