No hay duda de que el problema principal que tiene la educación en España es el pin parental implantado en los centros escolares de Murcia por el gobierno de esta comunidad autónoma. Que el sistema educativo español esté por debajo de la media de los 37 países que forman parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en el Informe PISA que elabora anualmente dicha organización no tiene ninguna importancia. Como tampoco la tiene que ninguna universidad española esté entre las diez primeras del mundo por la calidad de su enseñanza.
He de reconocer que, hasta que no ha saltado la polémica en los medios de comunicación sobre el pin parental, yo ignoraba lo que significaba esta denominación. ¿Sería algo así como el número que te pide para entrar el ordenador o el teléfono móvil después de haberse quedado sin carga la batería? Pues no. Se trata de permitir a los padres de alumnos que autoricen o no la asistencia de sus hijos a determinadas actividades extraescolares, en especial las destinadas a impartir enseñanzas que afectan a lo religioso y lo moral.
Los que defienden este control parental apelan al artículo 27, 3 de la Constitución Española, que establece lo siguiente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
En contra del pin parental han salido en tromba la ministra de Educación, la de Igualdad, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana —en un acto del PSOE que nada tenía que ver con la educación— y el presidente del Gobierno.
Especial eco, por ser la titular del ministerio de Educación, han tenido las declaraciones de Isabel Celáa en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes 17 de enero: “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”.
Plantear la discusión sobre el pin parental en términos de a quién pertenecen los hijos es un craso error. Por supuesto, señora Celáa, que a los hijos no los inscribimos en el Registro de la Propiedad, sino en el Registro Civil. ¿Quiere esto decir que los hijos pertenecen al Estado o al Gobierno de turno?
Semejante concepción nos retrotrae a los sistemas comunistas más totalitarios que ha habido en la historia y que hoy están vigentes en países tan progresistas y prósperos como Cuba, Corea del Norte, Vietnam…, y forman coalición con los socialistas en el actual Gobierno de España.
Hablamos de “mis” hijos y de “tus” hijos, como la Constitución habla de “sus” hijos refiriéndose a los de los padres. Habrá que erradicar del lenguaje esos adjetivos posesivos.
Y, al mismo tiempo, habrá que utilizar el lenguaje inclusivo, para no referirnos solo a los padres, como hace la Constitución, sino a los “padres y madres” Que la Real Academia Española haya rechazado la petición de la vicepresidenta primera de reformar la Constitución teniendo en cuenta el lenguaje inclusivo es una muestra más del autoritarismo retrógrado y machista de esta institución.
Al leer ciertas declaraciones de la nueva directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Jimeno, y su libro “Sex”, en el que promueve el sexo violento y defiende la pornografía, entre otras joyas que no voy a reproducir, entiendo la preocupación de los padres –perdón, y madres– de Murcia por el adoctrinamiento sexual de sus hijos —e hijas—.
¿Sabría usted, querido lector descifrar lo que significan las siglas LGTBI, eso suponiendo que a la hora de escribir este artículo no se hayan añadido algunas letras más? Pues es muy importante que los alumnos de nuestros centros escolares se pongan al día en la diversidad de opciones sexuales que se les presentan y que nada tienen que ver con la constitución natural de sus cuerpos. Tengo familiares y amigos que son homosexuales y viven con toda normalidad su homosexualidad, sin hacer de ella un motivo de confrontación ni de orgullo. ¿Por qué “orgullo gay”?
El ser humano es durante mucho tiempo una de las criaturas más desvalidas, que necesita de la alimentación y de los cuidados de su familia para poder sobrevivir. Es responsabilidad de los padres atender a estas necesidades.
Y, cuando los niños están en edad de aprender, los padres tienen el derecho y el deber de procurarles la enseñanza y la educación en el centro escolar que elijan, si es que tienen la posibilidad de esta elección. Y, en todo caso, tendrán el derecho y el deber de participar a través de las asociaciones de madres y padres, las AMPA —aquí sí se ha impuesto el desdoblamiento—, junto con toda la comunidad educativa, en la elaboración de los planes de estudios. Una urgencia, frente a falsas prioridades, sería lograr un gran pacto educativo entre las distintas fuerzas políticas que ponga fin a la larga e inoperante sucesión de leyes de educación.
Pero este pacto no interesa al presidente del Gobierno, ocupado en dialogar con independentistas de los que depende su presidencia.
