Cuando estaba en el colegio, y de eso hace ya muchos años, y jugábamos al fútbol en el patio, me enseñaron que, a mitad de partido, cuando vas perdiendo, no se pueden cambiar las reglas del juego. Ni unos goles valen doble ni el contrario debe jugar sin portero. Por respeto al contrario y a uno mismo. Eso se llamaba, se llama, juego limpio. Hace poco y hablando de cosas más serias, Miquel Roca decía que la Constitución “es solo y nada más que un marco de convivencia. No hay convivencia sin libertad. No hay convivencia sin capacidad de reconocer la diferencia, sin capacidad de aceptarla, respetarla y construir el pacto. La democracia es pacto”. Pacto es una palabra que los políticos manejan muy alegremente pero que practican poco y mal.
Hasta ahora, cada vez que hay elecciones, los partidos de la oposición, anuncian que derogarán las leyes aprobadas por el anterior Gobierno. (Sobre todo, lo dice la izquierda, porque la derecha tiene miedo a parecer de derechas y se traga muchas reformas de la izquierda para obtener el “título” de “demócratas que, siempre, otorga o niega la izquierda. Hay otro título más importante, el de “demócratas de toda la vida”, pero a ese no pueden acceder los que han sido o son de derechas). Cuando llegan al poder, tras cada ciclo electoral, uno de los primeros objetivos es cambiar las leyes “de los otros”. Lo que eso produce, lo hagan derechas o izquierdas, es inseguridad jurídica. Las inversiones extranjeras a largo plazo, la fiscalidad, la adquisición de compromisos sobre bases serias se aplazan o se rompen si hay dudas o si hay cambios.
Es casi seguro que en los temas importantes, como sucedió con la Constitución o los Pactos de la Moncloa, como a ratos ha sucedido con la lucha contra el terrorismo o la violencia de género, el Pacto de Toledo o la política exterior, se puede llegar a pactos entre derechas e izquierdas. Debería ser obligado en cuestiones como sanidad, justicia o educación. Pero los políticos, al menos en los últimos años, los rechazan. Excluyen al 50 por ciento de la sociedad y provocan que, tras un cambio electoral, se revierta la situación y pague el otro 50 por ciento.
Sánchez y sus socios pretenden hacer ahora eso. Cambiar la reforma laboral, que funciona y que ha creado empleo, para contentar a Podemos. Cambiar el Código Penal para beneficiar a los independentistas catalanes. Sin eso, y otras cosas más, ERC no le habría dejado gobernar. El presidente y sus socios pueden modificar la tipificación de los delitos de rebelión o sedición, reducir las condenas firmes de determinados políticos presos, cambiar las condiciones para hacer un referéndum, dar a la Generalitat más autogobierno, permitir que abra nuevas embajadas, mejorar “su” fiscalidad. Legalmente puede hacerlo, incluso a mitad de partido. Lo puede hacer sin el PP, aunque eso cerrará otras reformas donde el PP es imprescindible porque se necesitan mayorías cualificadas. Y hasta pueden decir, sin mentir, que ese cambio, a mitad de partido, no se va discutir con Torra ni en la mesa de negociación. Ya está acordado. Solo que eso no les basta a los independentistas que quieren derecho de autodeterminación, amnistía e independencia. Por ese orden. Sánchez lo sabe, pero, como Simeone, va “partido a partido” hasta la derrota final.
