La derecha “exaltada” sigue sin aceptar el veredicto de las urnas y el de la soberanía del pueblo en el Congreso de los Diputados, que eligió un gobierno progresista de coalición en nuestro país, presidido por Pedro Sánchez y continúa con su campaña de radicalización y de intento de ruptura de cuestiones constitucionales como la educación.
El error de Casado, empujando al PP a ser una mera comparsa seguidista de la ultraderecha le acabará trayendo duras consecuencias internas y externas. Sin ningún rubor demuestra en el europarlamento que prefiere apoyar las tesis más reaccionarias y ultraconservadores de Orbán y sus socios, que defender y votar con el partido popular europeo más liberal y moderado. Además, en España sin ningún complejo defiende la ruptura de los consensos constitucionales en materia educativa con el “pin parental” o más bien “pin de Cromañón” cuando nadie de la comunidad educativa lo pedía y es sólo para competir con la ultraderecha.
Es necesario recordar que los poderes públicos y los dirigentes sensatos están obligados a proteger el derecho a la educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución y los derechos fundamentales de los niños/as y adolescentes, entre los que se pueden destacar el derecho a la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a ser oído y escuchado, o el derecho de participación, asociación y reunión. Estos derechos se deben preservar tanto en el ámbito familiar como el educativo, como imperativos legales para el ejercicio de una ciudadanía en libertad y activa. Por lo que vemos algunos se muestran como “antisistemas o antidemócratas”.
Todo el reconocimiento y apoyo a la comunidad educativa, a los AMPAS, personal de los centros, a los profesionales educativos, ante la deriva a la que quieren someterles ideológicamente los herederos de un pasado oscuro.
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(*) Diputado por Segovia.
