No tiene nada que ver con las ingenierías que se estudian en la universidad. Las ingenierías técnicas (industrial, aeronáutica, naval, etc.) prestan servicios a la sociedad aplicando conocimientos científicos. Por el contrario, el objetivo de la “ingeniería social” es influir en las personas para servirse de ellas. Su finalidad es moldear las mentes conforme a ciertos principios diseñados a propósito. Se pretende ganar la voluntad de los ciudadanos para obtener un beneficio particular. Las piezas que maneja son personas sometidas a un control despótico. En realidad, el invento es muy antiguo. Pero no hace falta remontarse varios siglos, basta recordar los regímenes nacional-socialistas, fascistas y comunistas, que sometieron a la población por la fuerza y el terror.
En nuestros días la ingeniería social se ha refinado y ya no necesita de la fuerza. Su gran arma de control es la comunicación digital, que brinda amplia cobertura y rápida transmisión. Por las redes digitales circulan noticias, mensajes, ideologías, imágenes, etc… que inundan el cuerpo social. Cuando la mayoría de los focos de difusión de la opinión están controlados por el poder, la intoxicación es una tarea fácil. Por lo que, es más necesaria y estimable la prensa libre. El resultado de ese influjo a gran escala en la sociedad española, es cada vez más evidente y explica en parte el vuelco político que ha instalado a Sánchez en la Moncloa. La otra parte es atribuible a la mansa inhibición irresponsable del anterior inquilino.
Desde el primer minuto el gobierno Sánchez-Iglesias ha puesto en marcha la maquinaria para remodelar la sociedad al gusto del progresismo social-comunista. La propaganda institucional comienza a empapar el tejido social de forma persistente. Hay para todos. Desde la ideología de “género” a la memoria histórica trucada. Sobre todo para los más jóvenes, cuya reeducación se encomienda a la ministra Celaá. Fiel cumplidora de las órdenes superiores, querrá acabar con la “enseñanza concertada” (a pesar de su probada eficacia). Intentará moldear las conciencias y mentes infantiles al grito de “los hijos no son propiedad de los padres”. Con su limitada expresión verbal, la ex portavoz explicaba que el Estado (socialista) tiene más derecho a educar a los hijos que sus progenitores y tutores legales. Es posible que la ministra ignore el Artículo 27.3 de la Constitución española, que dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero el cumplimiento de la Constitución del 78 (jurada o prometida) no parece ser una prioridad del nuevo gobierno. Una actitud a la que se suma el deseo explícito de liquidar el actual Estado de derecho por parte de podemitas, bilduetarras e independentistas catalanes y vascos. Para conseguirlo no es necesario fuerza física, sino astucia y audacia. No existen límites éticos y los legales se desactivan ejerciendo presión sobre la Judicatura (el reciente nombramiento de la fiscal general es un signo evidente). El mismo Jefe del Estado sufre el ninguneo de Sánchez, que hace público su colección de ministros y ministras antes de comunicárselo al rey en visita oficial, como hicieron todos sus antecesores en el cargo.
Seguro que los socialistas leales y agradecidos a Sánchez estarán de acuerdo con la política antisocial de su jefe, pensando en los votos antes que en la salud de su partido. Por su parte, los podemitas de Castilla y León sueñan complacidos con apoderarse del milenario reino de León convertido en “república leonesa de progreso”. Mientras tanto, millones de españoles se preguntan, hasta qué punto los partidos que defienden la Constitución están dispuestos a sumar esfuerzos y talento para impedir la intromisión despótica del Gobierno, sobre todo, en la enseñanza (¿seguirá despuntando Castilla y León?). Muchos votantes de Casado, Abascal y Arrimadas, quisieran saber si serán capaces de evitar enfrentamientos estériles y entenderán que, con Sánchez e Iglesias en el poder, ha empezado la deconstrucción social y política del Estado democrático del Reino de España. Sí, ya lo sabemos: España no se rompe. Pero antes de descalificar, se aconseja conocer y valorar los hechos probados (aquí he citado varios). Las riadas más devastadoras comienzan por cuatro gotas. Ya han empezado a caer y son más de cuatro.
