Yo, al menos, soy hijo de mi madre y de mi padre. Me alumbraron, criaron y prepararon lo mejor que supieron y pudieron para la vida. Y, lo más importante, me quisieron. La ministra de educación, la señora Celáa no va a cambiar eso. Aunque por sus palabras pudiera parecerlo y no dudo que en ciertos delirios totalitarios, de “papaíto” Stalin o “tío” Adolf ese fue siempre el objetivo, robarles los hijos a sus padres y, aún peor casi, los padres a sus hijos y así poderlos adoctrinar a su antojo y convertirlos en fanáticos clones de sus designios.
Las desaforadas palabras de la ministra, aunque quizás buscando el levantar una gigantesca humareda, confundiendo “posesión” con “patria potestad” no tienen ni un pase pero la algarabía mediática montada revela que sí había una intención en ello. Realmente burda pero como siempre muy eficaz con los debidos altavoces.
Un ser humano no puede ser “propiedad” de nadie. La esclavitud fue abolida que uno sepa. Decir “mi” hijo, o “mi” madre no significa para nada y en absoluto tal cosa. Más bien lo contrario. Pues claro que los niños no son “propiedades”. De nadie. Tampoco del Gobierno, ni del Estado, ni de secta alguna.
La “patria potestad” es algo muy claro y diferente y bien definido. Es un conjunto de deberes y derechos de los progenitores con respecto a sus hijos o niños a su cargo. Y esa “patria potestad” es algo que el Gobierno no puede expropiarles. Sí puede hacerlo el Estado pero siempre a través de la Justicia si esos progenitores incumplen y violan sus deberes. Y así sucede por desgracia en bastantes y terribles casos. Algunos gravísimos como el maltrato o el secuestro y la no escolarización (precisamente unas madres de una organización amparada por Podemos fueron detenidas por ello). La “patria potestad” puede ser retirada. Pero en ello no tiene atribución alguna ni la ministra Celáa ni la pareja alfa de la tropa podemita ni la directora del Instituto de la Mujer que aboga por la penetración anal de los hombres. Eso, por fortuna, no es cosa suya, sino de la Justicia.
Lo del “pin parental” es otro asunto y con la polvareda no se acaba de ver claro lo que en realidad se propone. Pero sí hay algo que se oculta. Lo aprobado en Murcia no tiene nada que ver con los profesionales de la enseñanza. Se dirige única y exclusivamente a las actividades “extraescolares” y que no son impartidas por el profesorado docente. Ahí es donde se plantea que los padres puedan decidir al respecto. Vistas alguna de estas “actividades” algunas imágenes son grotescas y otros lindando incluso el delito (lo de un señor desnudo y una “profesora” incitando a una niñita de corta edad a que lo toque, es para entender que algunos padres se opongan). Como puedo comprender que otros, y lo hago desde mi condición de cazador, entiendan que sus hijos no vayan a una “actividad” donde se señale la necesidad ecológica y económica de la caza.
Es esto, pues, un asunto más complejo y con mucho más ribetes y grises que los brochazos en blanco o negro con que se ha desparramado. Pero sí hay en la polémica sembrada desde el Gobierno que provoca verdadera indignación. Contra el pin parental de Murcia se lanza toda la artillería y se amenaza con la Judicatura. Pero contra el adoctrinamiento en el odio y la exclusión en la escuelas catalanas, el acoso a niños y su humillación pública por no seguir los preceptos separatistas, el espionaje de la lengua que hablan en los recreos, contra eso el Gobierno no solo no hace nada, sino que como son sus cómplices y socios eso les parece de perlas. Hay que fingir que ni existe. O sea, hay que amparar el delito y al delincuente. “Desjudicializar” le dicen.
Prevaricar se llama.
