Me he tomado el trabajo de leer detenidamente los currículos de los nuevos ministros del Gobierno nombrados por Pedro Sánchez y he de reconocer que, en su mayoría, cuentan con una larga experiencia en el sector público y no pocos poseen títulos universitarios y han ejercido la docencia en distintos periodos de su vida. Sin embargo, ninguno ha trabajado en la empresa privada.
No comparto la adscripción ideológica y partidista de muchos de ellos, y ellas, pero es lógico que Pedro Sánchez haya vuelto a contar para este nuevo equipo ministerial con quienes ya fueron titulares de carteras en la anterior legislatura, a saber, Carmen Calvo, ahora vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico –será por nombres–; José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes Fomento; Margarita Robles, ministra de Defensa; Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior; Isabel Celáa, ministra de Educación y Formación Profesional; María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación. A estos se han añadido en el nuevo Gobierno Arancha González Laya en Exteriores, Juan Carlos Campo en Justicia, José Luis Escrivá en el nuevo ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Carolina Darrrías en Política Territorial y José Manuel Rodríguez en Cultura y Deporte.
Los 17 ministerios del anterior ejecutivo han pasado a ser 22 y, frente a una vicepresidencia, en el presente hay cuatro. Se han desdoblado carteras y se han creado otras para dar cabida a los miembros de Unidas Podemos: junto a Pablo Iglesias, que asumirá la vicepresidencia segunda con la gestión de Derechos Sociales y la Agenda 2030, Irene Montero será ministra de Igualdad; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo; Alberto Garzón, titular de Turismo, ministerio de nueva creación; y Manuel Castells ministro de Universidades, que se ha desgajado de Ciencia e Innovación. Si a estos ministerios añadimos las secretarías de Estado, las direcciones generales, las asesorías, los observatorios y demás departamentos con sus correspondientes encargados y despachos, el gasto económico será enorme.
Costará aprenderse el nuevo organigrama, si es que los independentistas de ERC permiten el encaje de bolillos del gobierno de coalición. Podemos tragará lo que sea con tal de permanecer en el poder, aunque sea con las limitaciones impuestas por Sánchez, del mismo modo que Pablo Iglesias ha pasado de reprobar a la anterior ministra de Justicia a apoyar su nombramiento como fiscal general del Estado. Otras incoherencias de la pareja Iglesias-Montero, que no hace mucho clamaban contra las empresas que incluían a matrimonios en sus Consejos de Administración o en otros departamentos, o criticaban con saña a Luis de Guindos por su costoso dúplex, antes de adquirir el megachalet de Galapagar sin que sus bases populistas se lo hayan reprochado, tales cambios de ideas y conductas no llaman la atención ni desentonan en el reino de la incongruencia y de la falta de palabra de Sánchez.
Valoración aparte merece la calificación que ha hecho Sánchez de la trayectoria de Dolores Delgado como “impecable” y de probada independencia. Si ya es cuestionable nombrar fiscal general del Estado a quien horas antes ha ocupado el ministerio de Justicia, el ejercicio en el mismo de Dolores Delgado ha estado plagado de ineficacia y de sombras. Las grabaciones de Villarejo en una francachela con la entonces fiscal de la Audiencia Nacional y con el exjuez Baltasar Garzón contienen, además del insulto de “maricón” a quien más tarde sería compañero de “Lola” en el gobierno de Sánchez, el comentario tan feminista de que ella, en caso de ser juzgada, prefería un tribunal de hombres, “de tías no quiero”, y su connivencia con el prostíbulo montado por Villarejo para obtener “información vaginal” de importantes personalidades. Y al comentar que algunos jueces y magistrados habían mantenido relaciones sexuales con menores en un viaje a Colombia, posiblemente Dolores Delgado estaba incurriendo a un delito al no denunciar tal comportamiento ante las instancias judiciales pertinentes. Todo ello ciertamente “impecable”.
¿Y qué pide el presidente Pedro Sánchez a la nueva fiscal general del Estado? Que sea Independiente y que cumpla y haga cumplir la Ley. Como si tales exigencias fuera posible no satisfacerlas.
O sí, a juicio de alguien que, en una entrevista en Radio Nacional, preguntó al entrevistador: “¿De quién depende la Fiscalía?” A la tímida respuesta de que “Del Gobierno”, Sánchez concluyó: “Pues ya está”.
Pero todo sea para “desjudicializar” la política en aras del diálogo con quienes solo se sientan a hablar, en una mesa entre iguales, si se aceptan sus condiciones previas: la autodeterminación y la puesta en libertad de los políticos presos “injustamente” condenados a severas penas de cárcel e inhabilitación.
