La filósofa Amelia Valcárcel decía no hace mucho que la justicia está desacreditada. Pero no ahora. Lo está desde el siglo I. Y, posiblemente la política desde mucho antes. Desde que el mundo es mundo y alguien se erigió en representante de sus conciudadanos. La desafección de los ciudadanos hacia las instituciones judiciales o políticas es casi universal e histórica. La ventaja es que, en una democracia y en un Estado de Derecho, se puede manifestar abiertamente y durante la mayor parte de la historia de la humanidad eso no ha sido posible. En España, menos o más tarde que en otros países. Y todavía hay muchos lugares en el mundo donde justicia y política están en manos de los mismos. Sin control.
Por eso es bueno el debate que se está produciendo, aunque no sirva, aparentemente, para corregir el rumbo. Pero lo mismo que ha sucedido con la corrupción, acabará sucediendo con la política y la justicia si la ciudadanía ejerce la capacidad de inteligencia que se nos ha dado.
¿Se imaginan ustedes lo que hubiera pasado si Aznar, al cesar a Ruiz Gallardón, fiscal en sus inicios, aunque con poco ejercicio, le hubiera nombrado fiscal general del Estado? ¿Se imaginan las voces y los gritos si el mismo presidente popular hubiera hecho ministra a su mujer, Ana Botella? ¿Son capaces de imaginar los titulares de periódicos, las portadas que hubiéramos visto? O la indignación, razonable, por otra parte, de esta izquierda que hace de la ética y la progresía su razón de ser. Pues eso es lo que ha hecho Sánchez ahora. Y hasta algunos que le defienden a ultranza dicen ahora, que o lo explica mejor o debe rectificar. Lo que pasa es que la explicación verdadera no es presentable.
Defender el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por quien la descalificó, como Pablo Iglesias, es otra ofensa a la inteligencia. Su lamentable papel antes de ser ministra —Villarejo, Garzón y compañía—, como ministra —reprobada tres veces en el Parlamento, absolutamente nula y con enfrentamientos con los operadores jurídicos— y ahora, al aceptar lo inaceptable, no ayuda en nada, aunque, efectivamente, puede ser un elemento fundamental, si doblega la independencia de los fiscales, como de alguna forma hizo o trató de hacer con la Abogacía del Estado, y hace lo que su presidente y “jefe”, Pedro Sánchez le ha pedido. El problema es que, si sale trasquilada, pagará la Justicia.
No hay que judicializar la política (salvo que sea necesario porque alguien transgreda las leyes que han hecho los políticos), pero tampoco hay que despolitizar la justicia si por ello se entiende que los políticos, o algunos políticos, no están sometidos a la ley, incluso aunque la vulneren. Necesitamos tribunales fuertes, independientes, que sean capaces de vigilar a quien burla la ley. Cuando los políticos hablan alegremente de “sus jueces” o “sus fiscales”, el sistema sufre y la opinión pública se conforma sobre la desafección. Sánchez, como todos los políticos, sabe que si dejan a la Justicia a su aire, puede ser peligrosa para ellos. Por eso, lo mejor es que si no la defienden con hechos, que la dejen en paz y trabajen en lo que les toca.
