“España necesita un mínimo de estabilidad institucional”, reclama un patriota, podemita local. Un deseo que toda la ciudadanía comparte. Qué más quisieran ellos: contribuyentes, autónomos, familias, empresarios, etc. Se supone que también lo quieren los representantes políticos del arco parlamentario, de derecha a izquierda. Hoy día, es más exacto distinguir entre quienes defienden la Constitución del 78 (PP, Vox, Cs) y quienes la atacan o no la defienden (PSOE de Sánchez). La lista de agresores y liquidadores del régimen democrático más próspero de España es muy larga. Y es fruto de cesiones, traiciones y deslealtades de partidos nacionalistas (PNV, ERC, pujolistas del 3% y demás independentistas), hasta bilduetarras.
Esa coalición de ultras y plus-ultraizquierdas que ahora apoya a Sánchez, ¿podrá asegurar una legislatura estable? ¿Es posible que un cogobierno de Sánchez e Iglesias pueda dar estabilidad a España? ¿Desde cuándo una argamasa de socialistas y comunistas ha construido un país democrático? Nace una criatura deforme con menos equilibrio que un funámbulo ciego, incapaz de fomentar una sociedad estable.
Las intervenciones de la sesión de investidura responden a todas esas preguntas y algunas más. Recuerden los discursos de los protagonistas del tándem Sánchez-Iglesias y añádanles el desafiante exabrupto de ERC. El discurso del polémico doctor anuncia suspensión de las leyes cuando convenga a la política; o sea amenaza de «abandonar la vía judicial», cuando quieran los independentistas. Ataque frontal a las ideas que no se sometan al poder socio-comunista. Control férreo de los medios de información, con la excusa de evitar las «fake news» (imposición de marxistas seguidores de uno y otro Marx). Además, el pacto felón con los republicanos catalanes para lanzar una autodeterminación y amnistía de golpistas encarcelados. ¿Alguien cree, incluidos socialistas o arribistas profesionales, que esta siembra de amenazas puede dar estabilidad a la sociedad?
Estas son algunas de las piezas de un programa de transformación social encaminado a liquidar el régimen democrático vigente y acabar con la Monarquía (al oír esto, los “progresistas” faltos de razones suelen insultar y los buenistas prefieren seguir a lo suyo). Han montado un plan que intenta eliminar la clásica división de poderes, fundamento estable de toda democracia. A cambio, pretenden imponer un único poder ejecutivo engullendo al Judicial y al Legislativo. Y, por supuesto, someterán a censura a los medios libres de opinión que aún no están al servicio del doctor Sánchez. Despotismo liberticida galopante, para calentar el ambiente, recordando a la segunda república (a ritmo de ERC, claro).
Algunas consecuencias del autentico “régimen ejecutivo comunista” están a la vista: la Venezuela de Maduro que sigue el programa revolucionario dictado por Podemos; la miseria impuesta durante más de 60 años en Cuba; la actual China, donde en la región de Sinjang, más de un millón de personas son torturadas en campos de “reeducación”. De momento, en España lo que se barrunta es una profunda inestabilidad social, porque las autonomías catalana y vasca se llevarán la mejor parte (ya lo hacen). Más competencias y privilegios forales (desleales). En Cataluña la cesión de grandes infraestructuras como el aeropuerto del Prat, entre otras. En el País Vasco, Sánchez ha cedido al chantaje de peneuvistas, arrogándose el derecho que no tiene y se ha comprometido a “modificar la estructura del Estado para adecuarla a la identidad vasca”, atropellando la soberanía que reside en el pueblo español. A petición de los bilduetarras, expulsará de Navarra a la Guardia Civil.
Por el trapicheo de Sánchez con los nacionalistas y golpistas se abre aún más la brecha entre las autonomías. La renta per cápita de quienes disfrutan los privilegios forales vascos duplica a los españoles que viven en Extremadura o en Andalucía. Esto nada preocupa a los ideólogos comunistas y socialistas asimilados. Ellos sólo creen en el poder, por eso, se refieren a la “estabilidad institucional”. Es decir, la que ellos impondrán desde el poder ejecutivo sobre las instituciones del Estado (seguirán haciéndolo sobre la Abogacía del Estado, Tribunal Supremo, etc.). Sólo les importa la estabilidad social de los sometidos. No admiten que la soberanía reside en el pueblo. Se sirven del pueblo como excusa en beneficio propio, para su promoción y enriquecimiento personal. La dacha de Galapagar es hoy el símbolo más elocuente de un “gobierno de progreso”. Allí, toda “estabilidad” está asegurada.
