Es una verdadera confiscación de la palabra y su poder mediador. De los acuerdos firmados entre el PSOE y los nacionalistas catalanes de ERC, por un lado, y los nacionalistas vascos del PNV, por otro, me quedo con dos tirabuzones verbales. Uno se refiere a la común consideración de la cuestión catalana como “conflicto político” que exige superar la vía judicial. El segundo es aquel que contempla un compromiso del Gobierno por adaptar las estructuras del Estado a las identidades territoriales de Cataluña y el País Vasco.
Ante este tipo de enunciados pendientes de desarrollo surgen interrogantes poco tranquilizadoras. Por ejemplo: ¿qué demonios quiere decirse cuando se habla de conducir el conflicto hacia las vías políticas, poniendo fin de ese modo a la judicialización del mismo?
Sobre esa interrogante descansa en gran parte el hecho de que los guionistas de Junqueras y los de Sánchez se hayan convertido en compañeros de viaje. ¿Hacia dónde? Hacia el desbloqueo de la gobernabilidad, según uno. Hacia la Cataluña como unidad de destino en lo universal, según otro. Dos hombres y dos destinos incompatibles, desde el momento que los “indepes” dicen que la gobernabilidad de España les trae sin cuidado y que a ellos solo les interesa la segregación de Cataluña.
Y en ese punto se han puesto de acuerdo en aproximar posiciones. Empezando por llevar el tema a las vías políticas superando la de los tribunales de justicia, puesto que el conflicto es de naturaleza política. Pero semejante obviedad (claro que es un conflicto político, como todos aquellos en los que se ventilan las cuotas de poder) no ahuyenta la perturbadora sospecha de que, en el fondo, se pretenda a los dirigentes independentistas exentos de cumplir y hacer cumplir las leyes. Como si fueran especie protegida, como si gozaran de un fuero excepcional que les declara inmunes por un acuerdo entre partidos que ha resultado tan opaco en los tratos como en el resultado.
No menos inquietante es el compromiso de adaptar las estructuras del Reino de España a las identidades territoriales, viniendo de quien viene la reclamación. Lógico, hasta cierto punto. No tan lógico es que la contraparte socialista lo acepte con naturalidad. Si además se aceptan bajo la muy fundada sospecha de que es la única forma de retener el poder, las implicaciones dejan de ser políticas y empiezan a ser de naturaleza moral.
Cuestión de principios. “No a cualquier precio”, como tantas veces dijo Sánchez. Porque entonces el precio puede ser el de la indignidad, que todos pagaríamos si la votación de este martes (investidura por mayoría simple), acaba alumbrando un Gobierno que sería imposible sin la cooperación de enemigos declarados de la Constitución.
