De este presidente en funciones se pueden decir muchas cosas, pero hay algo indiscutible. Sabe lo que hace y, sobre todo, sabe lo que quiere: el poder al precio que sea. Cada paso, cada movimiento desde hace años, ha ido encaminado a vencer todos los obstáculos, internos y externos, y lo ha conseguido. Otra cosa es si sabe lo que hay que hacer cuando se tiene el poder. En la pasada, corta e inútil legislatura dio algunas muestras, pero como no podía gobernar, convocó otras elecciones. El resultado, ya lo sabemos, le impide de nuevo gobernar si no es con un pacto contra natura. Pero puede fraguar porque se han juntado circunstancias que en otras condiciones hubieran hecho imposible el acuerdo: Pedro Sánchez no quiere convocar unas nuevas elecciones porque pueden ser su tumba; Podemos, ya lo hemos visto, casi había renunciado a su idea de entrar en el gobierno y, con sus peores resultados, de pronto fue elevado a los altares por el mismo que lo había denostado; y ERC busca alcanzar el gobierno de la Generalitat, indultar a Junqueras y compañía, y lo último que quiere es ver a Puigdemont en España liderando el independentismo. A los tres les viene bien un Gobierno imposible.
De los tres, el que tiene la mayor responsabilidad es, sin duda, Sánchez. “la democracia y el principio de legalidad son inseparables”, decía no hace mucho el representante de Canadá ante la UE y experto en procesos secesionistas, Stepháne Dion. Lo dice él y lo sabe Sánchez que, sin embargo, parece dispuesto a saltarse la Constitución de la mano del PSC, el partido que más está favoreciendo el auge del independentismo en Cataluña. Ni Cataluña es una nación, lo diga el Congreso del PSC o el sursum corda, ni España es una nación de naciones. Convertir un intento de golpe de Estado en un “conflicto político” es comparar la rebelión o la sedición con una disputa por la financiación. Cualquier solución al problema catalán tiene que resolverse dentro de la Constitución y, sin duda, hay margen para hacerlo. Pero no al margen de la Constitución o contra la Constitución que es lo que desea Podemos, lo que pretende ERC y lo que permite el PSOE. Solo por entrar en esa “negociación”, incluida la “mesa de iguales”, el PSOE está actuando ya fuera de la legalidad constitucional.
Pero hay más. Si hay Gobierno, al margen de Cataluña, el nuevo tripartito en España —ERC estará en él aunque no tenga ministros— y posiblemente en Cataluña, tendrá en sus manos no solo el nombramiento de miles de cargos públicos con gran poder de decisión —y de gasto—, sino también la reforma de cinco Estatutos y lo que es mucho más importante y trascendente, la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial —y la posibilidad de un Poder Judicial “independiente en Cataluña y, tal vez, en el País Vasco—, la del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, RTVE, la CNMC, la CNMV y hasta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La calidad de la vida democrática española en manos de Podemos o de ERC apuntaría a una degradación de la salud del sistema democrático. Pero el PSOE, de la mano de Sánchez, de Calvo y de Lastra apunta claramente en esa dirección. Al precio que sea.
