Celebramos hoy el 41 aniversario de nuestra Carta Magna. La misma no requiere hacerla objeto de culto ni nada parecido. Bastaría con respetarla. Solo exige de su cumplimiento para así garantizar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Cuatro valores imperecederos sobresalen en la Constitución de 1978 que nació en el parador nacional de Sigüenza en 1977: la justicia, el diálogo, la convivencia cívica y el bien común. A ellos se entregaron los padres de la Constitución sirviendo al pueblo español, que bajo el liderazgo del Rey Juan Carlos y del presidente Adolfo Suárez hicieron fructíferas las más de cuatro décadas que festejamos cada 6 de diciembre, fecha en que fue ratificada por el pueblo español en referéndum y sancionada por S.M el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978.
«Donde hay sociedad hay derecho/justicia» y por añadidura personas dedicadas a ello. Los jueces son los garantes del orden constitucional. Sin sistema jurídico no es posible la convivencia, la participación y menos aún la democracia. La Constitución, como ley de leyes, crea el marco normativo fundamental , con valores y reglas que hacen posible un proyecto compartido , e impiden que dificultades, ataques o contratiempos que nunca faltan, echen por tierra el proyecto convivencia forjado con tanta ilusión y esfuerzo. En tiempos de bonanza la vigencia de la Constitución parece indiscutible, pero su fortaleza y valor se aprecia, sobre todo, en los tiempos más difíciles. A nadie escapa que España pasa por uno de esos trances, por otra parte, por ninguno deseados. El secesionismo radical catalán, y no por casualidad, arremete contra la monarquía parlamentaria, columna vertebral de todo nuestro edificio. Saltarse la Constitución supondría romper con la democracia, y sobre ello no caben titubeos ni concesiones o transacciones. Desde Londres, el presidente en funciones aseguró el miércoles pasado que sus negociaciones con el resto de grupos políticos para alcanzar la investidura se harán respetando siempre el ordenamiento jurídico actual.
Solamente con nuestra plena integración dentro de nuestro marco jurídico se puede obtener el verdadero diálogo socio-político en pos de la autenticidad, de la verdad; entendida ésta como veracidad. Sin verdad, el diálogo se vuelve una farsa y la acción política (empeñada a veces en conseguir la vía más directa para lograr satisfacer sus intereses particulares) se torna en un problema. Pero, ¿cómo dialogar si no nos fiamos unos de otros? El diálogo sincero precisa de la «amistad cívica» como condición social de posibilidad en el encuentro. Esa amistad cívica que con tanta potencia acompañó la Transición, sostenida con los Pactos de la Moncloa y el consenso constitucional, y que hoy da la sensación de haber pasado al baúl de los recuerdos para algunos.
Hoy, por tanto, conviene hacer memoria de los valores que inspiraron hace 41 años a los padres de la Constitución. Es evidente que vivimos épocas diferentes que piden nuevas soluciones, pero conviene no confundir la crisis del cambio de era en que estamos metidos con la crisis del marco constitucional, y no conviene utilizar la Constitución como chivo expiatorio. A los cambios habrá que encontrarles sus momentos adecuados para construir entre todos juntos nuestro futuro sin perder lo mejor de nuestra historia dentro del derecho y la justicia «sin que pueda prevalecer discriminación alguna» (como contempla la Constitución en su art. 14 con sintaxis muy precisa). La Constitución Española es reformable en algunas cosas, dentro de los parámetros que tiene, pero lo que no se puede es cambiarla en su totalidad e inventarnos otra. Eso, históricamente se ha demostrado que nunca sale bien.
Conviene leer despacio nuestra Constitución. En todo estado democrático, casi puede considerarse obligado conocer la propia Constitución. Su contenido señala cuáles son los derechos fundamentales de cada uno y cuál es el límite para su ejercicio; conocer y asumir todo ello correctamente es por supuesto necesario para una saludable convivencia. Los españoles seríamos muy irresponsables si hiciésemos tabla rasa de su letra y espíritu. Sería tanto como renunciar a todo lo excepcionalmente bueno conseguido en cuatro décadas. De algún modo, los españoles estamos obligados a rendir pleitesía moral y sentir orgullo patriótico de una Carta Magna que hizo nacer a España al progreso democrático, y no incurrir en la ingenuidad de aceptar mansamente un relato revisionista o prospectivo que imponga los cimientos de un Estado autoritario. En ningún caso la Constitución está desfasada. Si acaso, lo está una partitocracia con poca altura de miras y polarizada ideológicamente. Seamos sensatos. La nación española a nadie pertenece en exclusiva, lo es de todos los españoles.
¡Viva España!
